En una destacada operación conjunta, la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros en colaboración con efectivos del Batallón de Infantería N.° 25 y la Policía Nacional, lograron la detención de dos individuos acusados de cometer el delito de extracción ilícita de yacimientos mineros.
La acción se desarrolló en la vereda La Chorrera, ubicada en el municipio de Puerto Guzmán, en la región de Putumayo.
Durante esta intervención, se abordó una instalación de producción minera donde se estima que se extraían alrededor de 4 kilogramos de oro mensualmente, con un valor estimado en el mercado de $920.000.000.
De manera adicional, se procedió a la destrucción de una excavadora que estaba siendo utilizada en el desarrollo de esta actividad ilícita.
Este operativo ha tenido un impacto significativo en términos ambientales, ya que se estima que se ha reducido la afectación a una superficie de aproximadamente 6 hectáreas.
Cabe destacar que esta acción ha evitado la contaminación de importantes fuentes de agua en la región. Según información recabada, el costo aproximado para la restauración de los daños ambientales asciende a $696.000.000.
Además de los beneficios medioambientales, esta operación también ha tenido un impacto económico considerable, ya que ha afectado las actividades ilícitas de la Estructura 48 Comandos de Frontera, un Grupo Armado Organizado (GAO), cuyas operaciones se estaban valoradas en aproximadamente $1.270.000.000.
Minería ilegal estarían aumentando la violencia de género en Colombia, según la PGN
Desde Chile, donde se reunió con la ministra de la Mujer y Equidad de Género de ese país y representantes de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que la migración y la minería ilegal podrían estar detrás del aumento de casos de violencia basada en el género y el sexo en Colombia.
La funcionaria colombiana resaltó que prácticas como la minería ilegal y su expansión en áreas rurales ha dado como resultado el aumento de casos de violencia psicológica, física y sexual en contra de mujeres y niñas. Así mismo, subrayó los efectos medioambientales causados por estas prácticas.
Los departamentos en donde más se ha registrado minería ilegal son Antioquia, Chocó, Nariño, sur de Bolívar, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada y Guainía, según la Procuraduría General de la Nación (PGN).
De igual forma, la procuradora alertó sobre otros contextos que contribuyen a la problemática, como la migración y el conflicto armado; así como la falta de respaldo institucional, la falta de necesidades básicas satisfechas y las condiciones de hambre y pobreza en varias regiones. Estos factores estarían afectando principalmente a las niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y afrocolombianas y a aquellas con discapacidades o en condición de desplazamiento forzado.
Por otra parte, Cabello resaltó la estrategia ‘Promujeres: Una Procuraduría comprometida con las Mujeres’, una iniciativa del Ministerio Público para, según la procuradora, prevenir, intervenir y tomar medidas disciplinarias con el fin de garantizar los derechos de las mujeres. El principal objetivo es evitar la revictimización y garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
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