Este lunes 4 de septiembre, Laura Sarabia se posesionará como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). La entidad tiene el quinto presupuesto más grande de todo el Gobierno nacional, con 10 billones de pesos en 2023.
Además, la dependencia tiene especial importancia para el presidente Gustavo Petro, pues se trata de una de las carteras que más recursos manejas de la Presidencia y tiene bajo su responsabilidad, entre otras obligaciones, la entrega de los subsidios estatales.
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Entre ellos, el de renta ciudadana, que cobija a más de 1.900.000 personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Al igual que Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, como parte de la ambiciosa apuesta en materia social de Gustavo Petro, en materia asistencialista.
La decisión de nombrar a la bogotana para uno de los cargos más importantes en el Estado ha generado polémica debido a que la funcionaria está afrontando una investigación por el caso de las interceptaciones. Por esta razón, el abogado Jorge Mario Gómez, defensa de Sarabia, aclaró que la ex jefa de Gabinete no tiene impedimento para ejercer cargos públicos.
A través de un comunicado publicado en la noche del lunes 28 de agosto, el penalista sostuvo que “se mantiene intacta” la presunción de inocencia de su apoderada y que a pesar de las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por las interceptaciones ilegales a dos de sus exempleadas (incluyendo Marelbys Meza) y el robo de una maleta con dinero de su apartamento, tiene facultad para ejercer cargos institucionales.
Ante el inconformismo de este nombramiento, en la encuesta conocida como Opinómetro de Datexco, publicado por La W, reveló que el 66 % de los colombianos consultados no está de acuerdo con el regreso de Laura Sarabia al Gobierno.
Hay que tener en cuenta que Sarabia tuvo que renunciar en junio del presente año de su cargo como jefe de Gabinete después de las denuncias hechas por su ex niñera Marelbys Meza, quien fue acusada del robo de una maleta con cerca de 7.000 dólares en su interior, aunque el testimonio de la mujer, que negó ser responsable del hecho, es que la cifra era de $150 millones.
Luego de esta acusación, según informó la Fiscalía al país, esta mujer y la otra trabajadora de Sarabia, Fabiola Perea, habrían sido interceptadas de manera ilegal.
Con respecto al caso del polígrafo y la prueba hecha a la exempleada de Sarabia, el abogado insistió que, a través de pruebas y testimonios quedó expreso ante la Fiscalía que la indagada “no impartió ninguna orden, ni correspondía a sus oficiales hacerlo”; incluso, alegó que los responsables de esta práctica “actuaron con total apego a los parámetros legales”.
Chuzadas en caso Laura Sarabia: policías involucrados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía
El primero de septiembre se realizó la audiencia de legalización de captura de los agentes de policía capturados por las interceptaciones ilegales a dos extrabajadoras de Laura Sarabia, ex jefa de Gabinete de Petro.
Antes de terminar la audiencia los procesados no aceptaron los cargos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones que les imputó la Fiscalía. La jueza suspendió la audiencia y la agendó para el lunes 4 de septiembre a las 2:00 p. m.
Durante la audiencia, los abogados de Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN); y el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa, pidieron a la jueza tercera con funciones de control de garantías de Bogotá que declare ilegales las capturas.
El abogado Miguel Ángel del Río Malo, apoderado de los agentes Loaiza Correa y Morales Cárdenas, pidió que las capturas fueran declaradas ilegales, mientras que el abogado Diego Gutiérrez de Quinchanegua se sumó a esta petición y reparó que hay irregularidades y mentiras sobre elementos incautados a los uniformados. El abogado Jorge Cuello, apoderado de Dana Canizales, también pidió declarar ilegal la incautación de un celular que hace parte del material probatorio presentado por la Fiscalía.
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