El falso dilema del fracking en Colombia: “Extrae riqueza e instala pobreza”

En una audiencia pública citada el 31 de agosto por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, insistió en advertir los riesgos medioambientales que traería la fracturación hidráulica en Colombia, el fracking. Todo esto, pues el proyecto de ley que busca prohibir esta práctica en el país está a dos debates de convertirse en ley de la República.

Para entender mejor los riesgos medioambientales que acarrea el fracking y si trae beneficios económicos la extracción de hidrocarburos con esta técnica, Infobae Colombia habló con Juan Pablo Sarmiento, profesor de derecho administrativo, investigador en asuntos de derecho ambiental, cambio climático y corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y que también es el abogado que ha llevado el proceso de demanda contra el Decreto 3004 y la resolución 90341 que fueron los que permitieron la explotación de yacimientos no convencionales, el fracking, en Colombia.

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Sobre los riesgos medioambientales que puede producir fracturación hidráulica para la extracción de gas o petróleo, el abogado expuso varias razones como que estos son “inciertos, irreversibles y graves” y que se concentran sobre los acuíferos, la irreversible contaminación de fuentes hídricas “dado el material particulado radioactivo de origen natural, a contaminación por emisiones de metano, y por supuesto las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Después señaló que, durante el proceso contra los decretos que permitieron la exploración de yacimientos no convencionales, se logró que el Consejo de Estado activara el principio de precaución y decretara un peritaje a la Universidad Nacional que soporta los riesgos que enunció el abogado Sarmiento.

El abogado también advirtió que en este informe pericial hubo “un consenso científico sobre los riesgos que existen para el agua, tanto superficial como subterránea, el aumento de actividad sísmica, el debilitamiento de la diversidad productiva”, a lo que hay que sumarle la contaminación del aire, pues “uno de los de los testigos técnicos” logró demostrar “que había también un problema de emisiones furtivas que incrementaban significativamente las emisiones atmosféricas principalmente de metano”.

Otro riesgo que señaló Sarmiento tiene que ver con la emisión de material particulado radiactivo, que es producto de la intensidad en la inyección de agua que requiere el fracking —que es mayor a lo que requiere un convencimiento convencional—:

El falso dilema entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico

Sobre los posibles riesgos económicos que podría traer la prohibición de la fracturación hidráulica para explotación de hidrocarburos, el abogado Sarmiento advirtió, coloquialmente, que “la explotación de hidrocarburos extrae riqueza e instala pobreza” toda vez que, de acuerdo al informe pericial al que hizo referencia, hay un falso dilema entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico “porque en primer lugar ninguna regla evidencia que los recursos de regalías o cualquier otro ingreso que venga del fracking se vaya a destinar a la conversión energética del país”.

También reparó en que uno de los argumentos a favor de permitir el fracking es que “tenemos que salir a explotar todos los hidrocarburos que tenemos para coger esa plata y entonces ahí sí convertir nuestra matriz en una completamente verde”, advirtiendo que “no hay ninguna regla que realmente obliga a eso”, pues las regalías de la exploración de hidrocarburos se pueden invertir para construir “una carretera una escuela un hospital, que también es legítimo, pero lo que quiere decir es que no es cierto que vayamos a utilizar esos recursos o tengamos garantizado que esos recursos se van a invertir en esa reconversión energética”.

En segundo lugar, el abogado Sarmiento advirtió que en la medida en que tampoco existe norma que determine que los recursos de regalías serán destinados para sustituir el parque automotor o de transporte o para sustituir las emisiones fijas, no es cierto que permitir la exploración de yacimientos no convencionales va a conducir a una matriz energética verde.

El tercer argumento que expuso el abogado Sarmiento tiene que ver con en frente a “los costos ambientales y sociales. Esta relación costo beneficio normalmente ha sido claramente deficitaria para el Estado colombiano”, ya que es el que “asume los costos que se deja en infraestructura” para la extracción de hidrocarburos, que propicia la “destrucción de otras empresas, no porque intencionalmente se van a destruir otras empresas, sino porque cuando se asientan en la zona las actividades de exploración-explotación, todas las actividades productivas se terminan concentrando” alrededor de estas.

Y puso de ejemplo lo que pasa en La Guajira, Barrancabermeja y Cesar, los cuales son grandes centros de explotación de hidrocarburos que se quedan “toda la externalidad negativa y las consecuencias nocivas en la salud y bienestar de las comunidades locales”.

*Esta nota hace parte de una serie de entregas sobre el fracking en Colombia