La Fiscalía General de la Nación dio a conocer el escrito en el cual acusa formalmente a Wilson Devia, expresidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, por los delitos de abuso de función pública, concusión y peculado. Las acusaciones contra el funcionario están basadas en presuntos casos de corrupción en los que el dirigente estaría involucrado.
Según indicaron desde el ente acusador, los hechos por los cuales Devia deberá responder se habrían registrado entre 2013, 2014 y 2019. El funcionario habría cometido el primero de ellos cuando ejercía como coordinador del grupo de seguimiento, cargo mediante el cual habría abusado de sus funciones, estableciendo además una especie de alianza con Arturo Rolón, gerente de operaciones de la empresa contratista Unión Temporal Siglo 21.
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La compañía bajo la que se habrían cometido los hechos de corrupción habría proporcionado los vehículos que serían utilizados en esquemas de seguridad, para los cuales las personas que solicitaban protección habrían tenido que depositar altas sumas de dinero.
Devia habría sacado provecho económico una vez los contratos de arrendamiento de vehículos eran adjudicados y posteriormente implementados. La Fiscalía señaló que el funcionario habría pedido un porcentaje del dinero recibido por las rentadoras de los carros por concepto de las camionetas que estaban fuera de servicio, recursos que provenían del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.
De hecho, el líder sindical habría avalado el pago por los servicios de los vehículos que permanecían fuera de operación como parte de sus funciones como coordinador del grupo de seguimiento de la entidad. Sin embargo, este no sería el único caso por el que el funcionario es señalado por la Fiscalía General de la Nación.
Devia también le habría ofrecido un esquema de protección a Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”, que permanece recluido por hechos relacionados con narcotráfico. Inicialmente, el líder sindical le habría pedido la suma de $200 millones al conductor por el servicio, pero este se habría negado a pagar dicha suma, razón por la cual se habría fijado finalmente en $7 millones mensuales.
Cabe resaltar que Castañeda aún no contaba con los requerimientos necesarios para ser beneficiario de aquellas medidas de protección, además de que Devia tampoco estaba en facultad de otorgarle el esquema de seguridad al “narcochofer”. La persona encargada de tomar dicha determinación sería el director nacional de la entidad. La Fiscalía indicó que el funcionario habría recibido el pago por sus actividades delictivas a través del Sindicato UT-UNP, grupo que él dirigía.
Mientras que se adelanta el proceso que existe en su contra, el sindicado permanece en libertad luego de que a jueza sexta de control de garantías de Bogotá dictaminara que no se encontraban fundamentos suficientes para imponer una medida privativa de la libertad en hechos registrados a comienzos de julio de 2021.
La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación imputaría los cargos contra Devia se desarrollará el 13 de octubre de 2023 sobre las 2:00 p. m.
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