En la mañana de este miércoles 30 de agosto, desde la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, fue imputado el general (r) Mario Montoya a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por al menos 130 asesinatos extrajudiciales o ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2003, cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Según indicaron los magistrados, Montoya mintió sobre el número de bajas, encubrió casos de extralimitación del uso de la fuerza y presionó a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”. Además, el general (r) habría empleado un lenguaje violento que “exaltaba el derramamiento de sangre” y ordenó a sus inferiores no reportar capturas que, para él, se consideraban resultados operacionales no deseados.
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Según constató la JEP, Montoya usó expresiones como “litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre”, para inducir a los militares a entregar bajas constantes. Además, el general (r) habría lanzado comparaciones e intimidaciones contra los soldados para presionarlos a ejecutar civiles y combatientes.
Según indicó la Jurisdicción Especial para la Paz, para el comandante no existía otro indicador de éxito que no fuera un reporte de bajas, por lo que solicitaba omitir incautaciones, capturas o rendiciones de combatientes. El mismo pensar lo compartirían ocho militares más que fueron imputados durante la rueda de prensa ofrecida.
Se trata de los tenientes coroneles en retiro Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de los subtenientes Emerson Antonio Castañeda, Edwin Leonardo Toro, José Alejandro Ramírez y Diego Germán Guzmán. Como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad también fueron imputados un teniente y un soldado regular, todos pertenecientes al Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), de la IV Brigada del Ejército Nacional.
En cuanto al general Montoya, los magistrados determinaron que el militar siempre mostró una disposición para ocultar las extralimitaciones de la fuerza pública, y su único objetivo era mostrar resultados. Incluso, la JEP reveló un hecho en el que el mismo uniformado dio una rueda de prensa presentando los cuerpos de dos niñas y tres jóvenes que fueron dados de baja, a pesar de tener conocimiento de que no eran miembros del IX Frente de las Farc-EP.
Los hechos se habrían presentado el 9 de marzo de 2022 en el municipio de San Rafael, durante una emboscada militar contra un carro conducido por dos paramilitares. Según contaron los magistrados, a Montoya le fue informado por un comandante del batallón que los jóvenes no hacían parte de grupos armados.
Sin embargo, Montoya omitió las advertencias y presentó los cinco cuerpos como guerrilleros abatidos en combate. Incluso, se agregó el testimonio de una de las víctimas, que recordó las palabras que le gritó al alto oficial cuando trasladaba los cadáveres en un camión de la institución. “Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”, indicó la familiar.
La reiterativa presentación de resultado, aunque no correspondieran a la verdad, sería fundamental para su posterior designación como comandante del Ejército Nacional durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En la intervención de los magistrados, se concluyó que el general Montoya y los ocho militares que fueron imputados aportaron para que se replicara su actuar en toda la cadena de mandos de Antioquia. “La JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la Cuarta Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná”.
En total, bajo el mando del general (r) Montoya fueron asesinadas 53 personas en 2002 y 77 en 2003. Según la documentación proporcionada, los miembros de la IV Brigada asesinaron a 113 hombres, cinco niños y cuatro niñas, además de tres personas en condición de discapacidad.
De momento, se conoció que los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer sus faltas, o rechazarlas. Así mismo, los familiares de las víctimas podrán presentar sus requerimientos antes de que se cumpla el término. Después, la JEP “decidirá si fija una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena”.
En caso de que los señalados no acepten su responsabilidad, la Jurisdicción Especial remitirá el caso hasta el Tribunal para la Paz, que podría fallar una condena de hasta 20 años de prisión, si logran comprobarse los crímenes cometidos.
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