Durante el martes 29 de agosto, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una próxima imputación de cargos contra el general (r) Mario Montoya Uribe por ‘falsos positivos’ cometidos en Antioquia cuando estaba al mando de la IV Brigada del Ejército.
Esta nueva decisión está contemplada dentro del macrocaso 03 del tribunal de justicia transicional –asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado– y está relacionada con crímenes perpetrados entre enero de 2002 y diciembre de 2003.
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Al respecto, una de las últimas diligencias en las que compareció Montoya Uribe se llevó a cabo durante el 27 y 28 de mayo en el municipio Granada, donde víctimas confrontaron la versión entregada por el exmilitar sobre el conflicto armado y el actuar de las tropas a su mando que cometieron crímenes extrajudiciales.
Este nuevo llamado del tribunal especial de paz se sumó a otros dos dirigidos a Montoya Uribe por los mismos hechos. En 2019 fue emitida la primera citación a declarar; sin embargo, en las dos ocasiones negó su responsabilidad en los casos que investiga la JEP y sobre los cuales tiene relación de acuerdo con testimonios de comparecientes que hicieron parte de la fuerza pública.
En julio de 2022, la misma Sala volvió a llamarlo a rendir versión dentro del subcaso Antioquia dentro del macrocaso 03.
Al respecto, la JEP había establecido que cuando el exmilitar estuvo al mando de la IV Brigada –entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003–, se cometieron crímenes entendidos como ‘falsos positivos’ por parte de uniformados que integraron esa unidad.
Previo a ese llamado, Mario Montoya había sido mencionado en 16 versiones de comparecientes que hicieron parte del Batallón de Artillería n° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’.
También su nombre apareció en tres solicitudes de información hechas por autoridades municipales sobre el paradero de personas dadas por desaparecidas que después se reportaron como bajas en combate.
El general retirado rindió versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal de justicia transicional el 12 y 13 de febrero de 2020. En esa diligencia, reafirmó que su actuar fue correcto como comandante del Ejército.
Al respecto, detalló mediante una declaración que sus funciones “a nivel operacional se expidieron como me correspondía las directrices claras y precisas con el fin de lograr el cumplimiento de la misión constitucional de forma transparente”.
Además, ante varias de las preguntas que le realizó la magistratura, Montoya Uribe dijo no recordar en detalle hechos como los ‘falsos positivos’ cometidos mientras estuvo al mando de la I División. En cambio, sobre las zonas de operación en Catatumbo, contestó que esa región es una “república independiente” donde lideraban las extintas Farc, el EPL y actualmente el ELN.
Sumado a esto, en febrero de 2023, la Procuraduría elaboró un informe en el cual pidió a la JEP no expulsar al general (r) por el impacto que habría en las investigaciones correspondientes a ‘falsos positivos’ y sus posibles nexos, de acuerdo con pesquisas hechas en otros subcasos.
Meses después se llevó a cabo una audiencia de observaciones de víctimas, en la que exigieron a Montoya más claridad sobre los crímenes cometidos bajo su mando. Sumado a esos, algunos de sus representantes advirtieron que el Estado no ha implementado el enfoque diferencial contemplado en el Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc, pues muchas de los familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ eran niños cuando ocurrieron esos hechos.
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