Migración y minería ilegal estarían aumentando la violencia de género en Colombia, según procuradora Margarita Cabello

La funcionaria se encuentra en Chile en medio de una misión internacional para fortalecer la cooperación institucional

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La procuradora Margarita Cabello dirige
La procuradora Margarita Cabello dirige una misión internacional en Chile, en donde se refirió al aumento de los casos de violencia basada en el género y el sexo en Colombia y su relación con la migración y la minería ilegal - crédito Mariano Vimos/Colprensa.

Desde Chile, donde se reunió con la ministra de la Mujer y Equidad de Género de ese país y representantes de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que la migración y la minería ilegal podrían estar detrás del aumento de casos de violencia basada en el género y el sexo en Colombia.

La funcionaria colombiana resaltó que prácticas como la minería ilegal y su expansión en áreas rurales ha dado como resultado el aumento de casos de violencia psicológica, física y sexual en contra de mujeres y niñas. Así mismo, subrayó los efectos medioambientales causados por estas prácticas.

Los departamentos en donde más se ha registrado minería ilegal son Antioquia, Chocó, Nariño, sur de Bolívar, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada y Guainía.

De igual forma, la procuradora alertó sobre otros contextos que contribuyen a la problemática, como la migración y el conflicto armado; así como la falta de respaldo institucional, la falta de necesidades básicas satisfechas y las condiciones de hambre y pobreza en varias regiones. Estos factores estarían afectando principalmente a las niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y afrocolombianas y a aquellas con discapacidades o en condición de desplazamiento forzado.

Por otra parte, Cabello resaltó la estrategia ‘Promujeres: Una Procuraduría comprometida con las Mujeres’, una iniciativa del Ministerio Público para, según la procuradora, prevenir, intervenir y tomar medidas disciplinarias con el fin de garantizar los derechos de las mujeres. El principal objetivo es evitar la revictimización y garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Durante su estancia en Chile, la procuradora se ha encontrado con varios ministros del Gobierno de ese país, autoridades ambientales y altos representantes del sistema judicial para analizar asuntos en torno a la protección medioambiental y la protección de los derechos de las mujeres.

Se encontró con los ministros de Minería, Medio Ambiente y Agricultura para explorar los desafíos en el sector minero que comparten Colombia y Chile. También se abordó la implementación del Acuerdo de Escazú, la industria minera, el cambio climático, entre otros.

El 25 de agosto, la procuradora y la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) formalizaron un acuerdo de colaboración que permitirá el desarrollo de un plan de trabajo conjunto para intercambiar conocimientos en el monitoreo de recursos hídricos y forestales.

Esta alianza tiene como objetivo también promover la igualdad de género y la eliminación de barreras para las mujeres rurales, para lo cual Conaf brindará su apoyo a la Procuraduría para fomentar la participación de las mujeres en los procesos de restauración de bosques.

“Tuvimos una reunión con Conaf, en la que escuchamos toda su experiencia y acordamos un mecanismo de cooperación para tres temas: seguimiento a los proyectos de manejo forestal sostenible, la inclusión de la mujer dentro de los proyectos, y el mecanismo de monitoreo de los bosques, particularmente en lo que tiene que ver con catastro”, resaltó Gustavo Guerrero, delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, que hace parte de la delegación que encabeza Margarita Cabello.

En una intervención realizada en la Universidad de los Andes de Chile, la procuradora dijo que en Colombia se necesita adelantar procesos y herramientas técnicas con contenido ambiental para que las decisiones frente a conflictos relacionados con ese tema solo sean de carácter jurídico.

“En Colombia no hay una autoridad específica que se encargue de la justicia ambiental, y la discusión que se está planteando es si hay que hacer una justicia”, dijo Margarita Cabello.

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