El pasado viernes 18 de agosto se conoció la noticia de que el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, cerró y confiscó las propiedades y cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana de Managua, una de las instituciones de educación superior más importantes en ese país, a cargo de los jesuitas, y que estaba funcionando desde 1960.
Según las autoridades nicaragüenses, al servicio de los intereses de Ortega, este centro de estudios se encontraba en “incumplimiento de sus obligaciones conforme la Ley”, al no reportar sus estados financieros del período fiscal 2020, 2021 y 2022, y tener su junta directiva “vencida” desde el 18 de marzo de 2022.
También la acusaron de funcionar “como un centro de terrorismo, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país”.
Sobre este controversial hecho en contra del que se consideraba el último bastión de democracia y librepensamiento en ese nación centroamericana, su homóloga en Colombia, la Universidad Javeriana, también fundada por la Compañía de Jesús, publicó un comunicado el miércoles 23 de agosto en el que rechazaba lo que calificaron como un ataque del gobierno de facto.
“RECHAZO a las falsas acusaciones e injustas acciones judiciales que ha venido impulsado el gobierno de Nicaragua en contra de la Universidad Centroamericana – UCA de Managua, y que recientemente concluyó con la confiscación de todos sus activos físicos, económicos y académicos, cercenando el desarrollo de un proyecto educativo de más de 60 años de formación integral de los y las jóvenes nicaragüenses como profesionales competentes y ciudadanos comprometidos; la generación de nuevo conocimiento y búsqueda irrestricta de la verdad, así como el servicio a la sociedad Nicaragüense (sic)”, iniciaron la misiva.
Recordaron que esa institución ha contribuido ostensiblemente en Nicaragua para el desarrollo de la ciencia con centros y programas de investigación en biología; así como con su memoria con su Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, e incluso ha colaborado con la reducción de la pobreza y las brechas de género.
“SOLIDARIDAD a la comunidad jesuita, a los profesores, estudiantes, familias, empleados administrativos y, en general, a la sociedad nicaragüense, principal beneficiaria de la actividad académica de la Universidad Centroamericana de Managua, en estos exigentes momentos de indignación y dolor por la injusticia de que son víctimas, y los invita a no perder su esperanza en el pronto restablecimiento de su alma mater (sic)”, agregaron en la misiva.
Y arreciaron sus críticas en contra del régimen de Ortega que con esta acción una vez demuestra la persecución a la que está sometiendo a sus ciudadanos.
“Se hace un llamado al Gobierno de Nicaragua a que CESE EL CONSTANTE ASEDIO, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO a la Universidad Centroamericana – UCA de Managua, honre su inalienable compromiso constitucional de respeto a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de investigación, y valore, desde el respeto, las posibilidades de un mejor futuro para Nicaragua construido necesariamente desde la educación y la generación de conocimiento (sic)”, finalizaron.
El Gobierno del presidente, Gustavo Petro, se había pronunciado en contra de esa decisión que era un ataque en contra de las libertades de los nicaragüenses.
“Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua. El Gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión (sic)”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La respuesta del régimen no se hizo esperar y estuvo llena de descalificaciones señalando que Colombia era una ‘narcodemocracia’ y su posición era intervencionista, por lo que tampoco reconocían como autoridad a su Cancillería.
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