
En la tarde del miércoles 16 de agosto, la Defensoría del Pueblo denunció un paro armado por el ELN en la subregión Medio San Juan (Chocó). Esta dinámica se habría presentado, de acuerdo con la entidad, en medio de enfrentamientos con el Clan del Golfo, que dejaron a las comunidades de esta zona en riesgo de confinamiento y desplazamiento.
Luego de esta advertencia y del llamado a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el grupo insurgente desmintió la orden de iniciar un nuevo paro que habría sido decretado por el Frente de Guerra Occidental con alta incidencia en el Pacífico.
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De acuerdo con lo indicado en un primer momento por Caracol Radio, esta guerrilla sí restringió el transporte fluvial por el río San Juan del 16 al 17 de agosto, debido a los combates presentados con las también conocidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y, según ellos, no querían afectaciones contra la población que pudiera transitar por este corredor.
A su vez, reafirmaron que el cese al fuego bilateral es con el Gobierno nacional y en esa medida avisaron previamente a los habitantes de esta subregión para resguardarse en sus casas y evitar el transporte de personas y víveres por el río. Después del cruce de disparos en la zona, se levantó ese bloqueo, según lo indicado desde el grupo insurgente.
Sin embargo, ante lo manifestado por la Defensoría, este hecho será informado al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv) debido a que, si bien no se presentó un combate con las Fuerzas Militares o de Policía, sí se habría generado afectaciones a las comunidades del Medio San Juan.
A este incumplimiento se suma el supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal General Francisco Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal; además de otras seis aparentes violaciones al cese el fuego mencionadas por el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo.
Más de cinco paros armados en el sur de Chocó durante 2023
En medio de la fase de alistamiento del ELN previa a la implementación del cese al fuego, fue decretado un paro armado ante supuestos ataques del clan del Golfo. Dicha medida inició en la medianoche del 4 de julio y levantada por el mismo Frente de Guerra Occidental en la noche del miércoles 12 de julio. Sin embargo, la Defensoría había advertido que ese era el quinto paro en menos de un año.
Ante ese escalamiento de la violencia en municipios como Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral de San Juan, la entidad dirigida por Carlos Camargo pidió coherencia en el discurso del grupo insurgente, pues si bien el Comando Central (Coce) ratificó el compromiso de cumplir con el cese al fuego, varias de sus estructuras continuaban con la violencia en esta y otras zonas del país.
Además, solo en los primeros seis meses de 2023 se registraron 71 actos de violencia que dejaron a cerca de 14.000 personas en estado de confinamiento en 11 municipios. Así las cosas, 71 comunidades sufrieron afectaciones por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Ya el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, había hecho un llamado al Gobierno nacional para ampliar la pausa de acciones violentas con otras estructuras ilegales.
“La confrontación no es con la fuerza pública, es entre estos dos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio (...) Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN, pues debería firmarse con el Clan del Golfo para que estos dos grupos no se sigan enfrentando”, expresó el mandatario al ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Por otra parte, el jefe de la delegación del ELN en los diálogos de paz, Pablo Beltrán, acusó en una entrevista un ”ataque mediático a la mesa de diálogos” y al mismo cese bilateral cuya fase de implementación inició el jueves 3 de agosto.
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