La Asociación Colombiana de Mineros (ACM) se pronunció respecto del decreto que prepara el Gobierno nacional para delimitar temporalmente las reservas naturales de Colombia con el fin de evitar la explotación minera en áreas protegidas.
El gremio calificó la norma como una “amenaza a la estabilidad y el futuro del sector minero” en el país, pues advirtieron que el proyecto desconoce la autonomía y competencias de las autoridades territoriales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y, por ende, los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
“La norma puede ser usada de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental, sin contar con estudios, ni criterios técnicos y solo amparándose en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia no debe entenderse de esa manera”, explicó la institución.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Mineros, aseguró que las medidas que pretende imponer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con dicho decreto van en contra de varias normas jurídicas ya establecidas en materia de explotación minera:
“Transgrede el artículo 34 del Código de Minas que dispone que para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios técnicos, sociales y ambientales disponibles. Adicionalmente, desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022, y crea criterios para delimitación que no están en la ley”.
Así las cosas, para la ACM el decreto no cumple con el requisito de análisis previo y pretendería pasar “por encima” de las decisiones administrativas.
“Es el peor escenario para los proyectos mineros de exploración e incluso para los que se encuentran en producción e igualmente un pésimo mensaje para la inversión extranjera”, agregó Nariño.
El pasado 7 de agosto, la Procuraduría General de la Nación había emitido un concepto respecto del decreto que pretende establecer nuevas prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.
Para la delegada de Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos y Agrarios, causa extrañeza que en las Memorias Justificativas del Proyecto de Decreto se señale que el mismo no implica ningún impacto económico y que, por el contrario, se evidencia que su aplicación podría generar una situación de veto o parálisis en la práctica respecto a las actividades de exploración y explotación minera.
Gobierno prepara decreto con el que restringirá actividades de explotación minera en Colombia
El Gobierno nacional publicó el borrador del decreto, con el cual pretende establecer criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal como parte del ordenamiento minero y ambiental.
Esta medida fue emitida por el Ministerio de Ambiente ante el fallo del Consejo de Estado, que fue catalogado como histórico, y otras sentencias de la Corte Constitucional, las cuales ordenaron al Gobierno poner en acción un plan de reordenamiento minero para proteger los ecosistemas del país.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó los aspectos relevantes del proyecto de decreto, pero antes aseguró que se entregaron títulos mineros sin tener en cuenta los valores ambientales y ecosistémicos.
Por ello, la sentencia del Consejo de Estado ordenó la planificación concertada para definir reservas temporales, mientras se delimitan reservas ambientales de largo plazo, precisamente para prevenir que la autoridad minera siga otorgando títulos mineros en ecosistemas sensibles.
“Lo que quiere evitar es que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca debió haber minería y así impedir que se generen más problemas jurídicos, pues nos exhorta a generar estas reservas temporales”, afirmó la ministra.
Por otro lado, Muhamad aclaró que con el decreto no se pretende quitar licencias ya otorgadas: “en ninguna forma el decreto que se ha publicado para consulta pública va a violar derechos adquiridos, por ejemplo, una empresa que tenga ya su licencia ambiental, tenga su plan de trabajo y de obras, tenga su concesión y esté operando de forma responsable y cumpliendo todos los requisitos lo podrá seguir haciendo porque ya tiene un derecho adquirido”.
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