
Sobre el mediodía del sábado 29 de julio, miembros del Ejército del país vecino, Ecuador, volvieron a pasar la frontera con el Putumayo e invadieron el territorio nacional. Al llegar a la zona, los militantes retuvieron al gobernador del Resguardo San Marcelino, a su esposa y a otros cuatro miembros más de la guardia indígena.
El alcalde de San Miguel en Putumayo, Beyer Peña Gamba, informó en entrevista con revista Semana que ya se encuentra en la zona tratando de lograr la liberación.
En esta misma línea, la Fundación Nydia Erika Bautista, que trabaja en pro de los derechos humanos se refirió al ingreso violento de integrantes del ejército en redes sociales y alertó sobre las posibles detenciones arbitrarias y violaciones contra el pueblo Kichwa y sus autoridades.

Líder indígena y representante político en el suroeste de Colombia fue asesinado
El jueves 27 de julio el líder Fredy Bomba Campo, quiera era presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social en Caldono, al suroeste del Cauca, fue asesinado por tres personas sin identificar en su domicilio, según la denuncia del movimiento político.
“Estamos de luto, fue asesinado el presidente municipal del MAIS en Caldono, Cauca. Lamentable noticia y más cuando estamos en un país donde queremos que todos sus habitantes tengan la oportunidad de vivir tranquilos”, alegó el partido, integrado en la coalición gobernante Pacto Histórico a EFE.

Bomba Campo, contaba con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, estaba el miércoles en medio de una reunión familiar cuando tres encapuchados ingresaron a su vivienda y dispararon contra él delante de su esposa y dos hijos, hiriendo a uno de los miembros de su seguridad, precisó el Consejo Regional Indígena del Cauca en un comunicado.
El crimen contra el líder indígena ocurrió en la finca Nuevo México del territorio nasa Kiwe Thek Ksxa’w, en Santander de Quilichao.
Entre los grupos armados presentes en el municipio se encuentran los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez del Estado Mayor Central (la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc), también, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otras bandas delincuenciales de carácter local.
Según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, han sembrado un “escenario de riesgo” para los liderazgos sociales “de manera individual o colectiva” en la medida en que buscan imponer su control social poniendo en riesgo los derechos de la ciudadanía.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por el crimen perpetrado contra Bomba Campo, al tiempo solicitó que “se fortalezcan las estrategias para proteger a las comunidades, líderes y procesos organizativos” en el Cauca.
“Este homicidio afecta el espacio democrático, la construcción de la paz y la pervivencia física y cultural del Pueblo Nasa”, lamentó la Oficina sobre este homicidio que suma un total de 98 líderes asesinados en 2023.
En esta misma línea, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) señaló “los hechos sistemáticos violentos en contra de nuestros líderes y comunidad en general son dirigidos por mafias, carteles, narcotráfico y grupos delincuenciales que operan en red a través de un plan de muerte por el control territorial”, y advirtió sobre un “exterminio físico del Pueblo Nasa”.
Por lo que solicitaron que se promueva y garantice el derecho fundamental a la vida en el país, así como el respeto del cese al fuego bilateral con el ELN, que entrará en vigor el jueves 3 de agosto y será de carácter nacional, bilateral y temporal por un periodo de 180 días.
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