Masacre de Alto Remanso: defensa de uniformados busca que el caso pase a la Justicia Penal Militar

El 27 de julio, el juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo (Putumayo) suspendió la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, programada para el 1 de agosto, contra 25 militares involucrados en la masacre de Alto Remanso, en el mismo municipio, ocurrida el 28 de marzo de 2022. Esta decisión se tomó haciendo eco a una petición de la defensa de los uniformados que advertía un conflicto de competencia, pues estos piden que el caso pase a la Justicia Penal Militar. La Corte Constitucional entrará a dirimir bajo qué jurisdicción se deberán investigar y juzgar.

A finales de 2022, la Justicia Penal Militar remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación, advirtiendo que no tiene competencia, según información de El Espectador. También se conoció que el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en un documento, señala que no existe conflicto de competencias y que sería un “exabrupto” pedirle a la Corte Constitucional que entre a definir esto, toda vez que se podría correr el riesgo de que se venzan los términos.

Mayerli Oliva, familiar de una de las once personas que fueron asesinadas en la masacre, le dijo a Sigue la W que no sabía que la defensa de los militares involucrados estuvieran buscando trasladar el caso a la Justicia Penal Militar y advirtió: “Ellos se van a refugiar mucho en la justicia militar, entonces eso quedará impune”

También dijo que si en el año largo que ha pasado desde la masacre no se ha logrado avanzar mucho en las investigaciones y juicio de los militares involucrados en la masacre, si este pasa a la Justicia Penal Militar “serán años y años, serán otros falsos positivos más”.

La coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Yuri Sirleney Quintero, también cree que la suspensión de la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra los 25 militares involucrados en la masacre podría derivar en que el caso quede impune y aseguró que no argumentos de peso para solicitar el traslado de jurisdicción:

Por su parte, el representante a la Cámara del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Ermes Pete, rechazó las pretenciones de la defensa de los uniformados: “No estoy de acuerdo con el traslado del caso porque no habría garantías para esclarecer los hechos y para la sanción que debería imponerse”

El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, le dijo a Sigue La W que hay que respetar la independencia judicial y que debe ser la Corte Constitucional la que defina si es la justicia ordinaria o la Justicia Penal Militar la que juzgue a los 25 militares.