A través de la resolución 194 del 8 de julio de 2023, el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública y al ELN utilizar un “lenguaje respetuoso” entre sí. Esto dentro del cumplimiento del cese al fuego bilateral de carácter nacional y temporal, cuya fase de implementación y verificación será a partir del jueves 3 de agosto.
En la normativa conocida por Infobae Colombia, el jefe de Estado también determinó que las Fuerzas Militares y de Policía deben usar un “lenguaje de desescalamiento” del conflicto armado. También indicó que se debe tener en cuenta el reconocimiento político que tiene esta organización insurgente, por lo cual se les debe considerar en las instituciones castrenses como un grupo rebelde.
“Las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional - ELN - en los diferentes actos administrativos expedidos por el Presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”, quedó mencionado en el documento.
En la resolución quedó ratificado el reconocimiento de la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional, cuyo cuarto ciclo se llevará a cabo en Caracas (Venezuela). Previo a este, ambas delegaciones tuvieron un encuentro en La Habana para definir los protocolos de cese y la conformación de las subcomisiones de seguimiento a esta medida.
En aquella reunión, llevada a cabo el lunes 10 de julio, uno de los temas centrales fue el secuestro de la sargento segunda del Ejército Nacional Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca. Si bien este hecho ocurrió días previos a la fase de alistamiento de todas sus estructuras antes del cese, generó un fuerte rechazo dentro del Gobierno nacional.
De hecho, uno de los pronunciamientos más tajantes lo hizo el alto comisionado para la Paz, que calificó esa retención como una violación al derecho internacional humanitario (DIH). Este delito también quedó expresamente prohibido dentro de lo acordado al cierre del tercer ciclo de la mesa de diálogos.
Otros de los puntos de convergencia que ratificó Petro en la resolución 194 fueron los Acuerdos de México (concretados en el segundo ciclo) del 10 de marzo de 2023; concretamente el punto seis: participación de actores civiles y sociales en los diálogos de paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto y el plan general de ejecución de los acuerdos suscritos.
La actual normativa anuló la 036 expedida el 6 de marzo de 2023, que también reconocía la existencia de unos diálogos políticos con la estructura guerrillera, pero no quedó detallado el uso de un lenguaje “respetuoso” y de desescalamiento del conflicto entre este actor armado y la fuerza pública.
Listas las subcomisiones
Durante el lunes 10 se definieron los integrantes de las subcomisiones: por el Gobierno nacional fueron seleccionados el almirante Orlando Romero; Olga Lilia Silva; Horacio Guerrero; Rosmery Quintero; el coronel de la Fuerza Aérea Rodrigo Mezú y Juan Carlos Ospina (en calidad de asesor jurídico).
Por el lado del Ejército de Liberación Nacional estarán Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista; Isabel Torres; Bernardo Téllez y Tomás García Laviana.
Serán ocho los protocolos a finiquitar: uno determinará el rol de la mesa en el transcurso de los seis meses de cese al fuego; la evaluación, prórroga o levantamiento del mismo, y el papel que jugará la Iglesia católica, tanto en la suspensión de las acciones armadas como en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv).
También habrá una sección encargada de verificar la seguridad de los integrantes del Mvmv y el ELN, así como las regiones donde están presentes los insurgentes; una veeduría social creada en la mesa de diálogos y otra con el objetivo de regular las medidas de protección humanitaria.
Conozca la resolución 194 expedida por el presidente Gustavo Petro:
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