Los representantes de los familiares de Kevin Agudelo, Harold Antonio Rodríguez y José Emilson Ambuila, que fueron asesinados el 3 de mayo durante el paro nacional de 2021 en Cali, denunciaron que la jueza Tercera Penal del Circuito de Cali volvió a aplazar la audiencia preparatoria, que estaba programada para el 4 y 7 de julio.
Todo esto dentro del proceso en contra del entonces comandante operativo de la capital vallecaucana, el coronel Edgar Vega; el entones comandante de operaciones especiales, Néstor Mancilla; y el patrullero Wilson Esparragosa. La nueva audiencia quedó programada para el 11 de octubre.
Los tres uniformados también están siendo investigados por la tentativa de homicidio de cuatro personas más.
“El aplazamiento de la diligencia judicial es parte de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los miembros de la Policía Nacional, que afirmaron no contar con todos los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, sujetos a descubrimiento, específicamente dos archivos que se pusieron a disposición por parte de la Fiscalía, pero al estar en formato Blu Ray, no fueron recaudados por los abogados”, advierten desde DH Colombia y la Asociación para la Investigación y Acción Social.
Las dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, advierten que esta no es la primera vez que la jueza Tercera Penal del Circuito de Cali aplaza la audiencia por las mismas razones, y señalan que las audiencias preparatorias programadas para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril también fueron postergadas —y reprogramadas para el 4 y 7 de julio, que también fueron aplazadas— esgrimiendo los mismos argumentos:
“Un descubrimiento probatorio incompleto a causa de que, como afirmó la juez el 17 de abril en audiencia, los defensores «no cumplieron con su deber y no ejercieron sus funciones» al no allegar los medios electrónicos solicitados por la Fiscalía para efectuar el descubrimiento probatorio en debida forma”, advierten las organizaciones y los representantes de los familiares de las víctimas.
También advierten que estas maniobras dilatorias se están convirtiendo en una práctica continuada, vulnerando no solo los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición de las víctimas, sino el acceso al debido proceso y a la administración de justicia. “Más aún, los uniformados acusados siguen en servicio activo, ejerciendo funciones de policía, lo que se convierte en una clara revictimización de las familias y de la sociedad”.
Por lo que instan a la Procuraduría y Fiscalía a adelantar las investigaciones disciplinarias y penales en “contra de los mandos e integrantes de la fuerza pública que accionaron sus armas de fuego en las manifestaciones”. Además, le pidieron a la justicia colombiana garantizar los derechos de participación de las víctimas y a que los juicios sean oportunos y se den con la debida diligencia.
Judicializan a militar que supuestamente filtraba información a la primera línea durante el paro nacional
El 26 de junio, la Justicia Penal Militar informó que un oficial del Ejército está siendo procesado en esa jurisdicción por, presuntamente, entregar información a la denominada primera línea durante el paro nacional en 2021.
“Por la presunta revelación de secreto y favorecimiento para la comisión de delito, el Juez 14 de Instrucción Penal Militar dictó medida de aseguramiento en centro de reclusión militar en contra de un oficial en servicio activo del Ejército Nacional”, señalaron en ese organismo
El uniformado fue capturado en horas de la mañana en Medellín (Antioquia) y se le procesa porque, al parecer, filtró información a los jefes del señalado grupo de choque de los manifestantes, entre ellos alias Karina, sobre los movimientos de la fuerza pública en el Valle del Cauca.
“(Lo hizo) con el fin de generar afectación a los uniformados de la Policía Nacional que atendieron hechos violentos durante las manifestaciones sociales”, explicaron en la Justicia Penal Militar
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