La Contraloría de Bogotá D.C. identificó en el Instituto para la Economía Social (IPES) una cartera vencida (vigencia 2020 - 2023) de $10.073 millones que debieron cobrarse oportunamente por el uso y explotación económica de 1.493 módulos y espacios comerciales ubicados en plazas de mercado administradas por el IPES.
Ante esta situación, la Dirección Sectorial de Desarrollo Económico, Industria y Turismo de la Contraloría, realizó una visita administrativa a las oficinas del IPES para recopilar toda la información, documentos y soportes contables, relacionados con la cartera vencida y que dado su estado actual se considera de difícil recaudo, a fin de incorporar esa información a una auditoría que está adelantándose.
Las plazas de mercado donde el IPES presuntamente no ha realizado oportunamente los cobros son, entre otras, Carlos E. Restrepo, Fontibón, Siete de Agosto y Plaza de Kennedy.
Las conclusiones y en general la Auditoría de Desempeño que se adelanta al IPES se tiene previsto que finalice en septiembre.
El Distrito responsabilizó a Petro y a Peñalosa por el dinero que se ha dejado de cobrar a las plazas de mercado
Alejandro Rivera, director del IPES, reconoció que la entidad tiene más de $10.000 millones por cobrar, pero resaltó que alrededor del 88% de la cartera vencida del instituto obedece a cuentas por cobrar de las administraciones de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, entre 2012 y 2019.
Ahora, de acuerdo con el director del Ipes, en la administración de la alcaldesa Claudia López “solo corresponde el 9 % de los $ 10.000 millones, en estos tres años y medios, es decir, $ 871 millones”.
Así las cosas, sumando los porcentajes, haría falta un 3% para completar el total de cartera vencida, pero el Ipes no dio detalles de ese porcentaje adicional.
Por otro lado, el director Rivera reveló que la cartera por cobrar también obedece a problemas de cuando se transitó del Fondo de Ventas Populares al Instituto para la Economía Social en la capital del país.
Frente a este último tema, el director del Ipes puntualizó: “Estamos mirando las acciones jurídicas, judiciales y de diálogo para recuperar estos recursos, sin atropellar a nadie vamos a cuidar los recursos de los bogotanos”.
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