Wilson Devia, el líder sindical del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), enfrentará su proceso legal en libertad, según dictaminó la jueza sexta de control de garantías de Bogotá.
La jueza afirmó que no se encontraban fundamentos suficientes para imponer una medida privativa de la libertad, a pesar de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación –FGN–.
“Después de considerar todos los aspectos, elementos presentados, información legalmente obtenida y evidencia presentada a lo largo de esta audiencia, considero que no es apropiado imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el señor Wilson Javier Devia”, afirmó la jueza al concluir su extensa intervención.
Por lo tanto, el líder sindical, quien ha sido acusado de abuso de función pública, concusión y peculado por uso en calidad de autor con dolo, tendrá la oportunidad de defenderse en libertad.
Ante esta decisión, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, argumentando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, especialmente porque Devia viajó a Miami, Estados Unidos, a pesar de tener una imputación de cargos pendiente. Este viaje reciente es considerado un indicio de que el acusado podría no atender las llamadas de la justicia.
Los hechos objeto de investigación ocurrieron en 2013, cuando Devia desempeñaba el cargo de coordinador del grupo encargado del seguimiento a las medidas de protección.
En aquella ocasión, aprovechando su posición, Devia estableció contacto con la empresa contratista encargada de la entrega de vehículos blindados para los esquemas de protección. Utilizando su influencia y poder dentro de la UNP, exigía grandes sumas de dinero a los beneficiarios tanto por la implementación como por el mantenimiento de dichos vehículos.
A pesar de que era responsabilidad exclusiva del director nacional de la UNP, Devia se comunicaba directamente con los beneficiarios para exigirles dinero, comprometiéndose a asignarles los vehículos blindados y obteniendo así un beneficio económico personal. Durante la imputación de cargos, la fiscal Monsalve reiteró que estos actos de corrupción eran graves y suficientes para vincular a Devia como autor doloso.
Según la Fiscalía General, Devia ofreció un completo esquema de protección a Manuel Castañeda, un conductor de la UNP que fue arrestado en 2022 transportando paquetes de cocaína en una camioneta.
Castañeda, quien es uno de los testigos clave en el caso de la fuga de alias Matamba, afirmó que Devia le solicitó 200 millones de pesos a cambio de brindarle protección.
Después de que Castañeda considerara que la suma era demasiado alta, el sindicalista redujo la cuota a siete millones de pesos mensuales. Para lograr esto, Devia contactó a Yesid Torres Rojas, quien ya estaba bajo protección, y le pidió que transfiriera su esquema de seguridad a Castañeda, convirtiéndose así en su protector.
Tras la imputación de cargos, surgió una fuerte confrontación verbal entre Wilson Devia y la fiscal Angélica Monsalve, ya que el sindicalista afirmó no haber entendido claramente los hechos presentados y demandó mayor claridad en cuanto a tiempo, modo y lugar de los presuntos actos de corrupción. Devia expresó su deseo de tener garantías procesales justas, dado que los delitos que se le imputan son muy graves.
El acusado, quien supuestamente viajó a Estados Unidos, alegó que no existía una orden de captura en su contra ni ninguna restricción que le impidiera salir del país.
Estas afirmaciones provocaron otra disputa, y la fiscal anunció que solicitaría una nueva investigación por las acusaciones temerarias hechas por Devia tanto durante la audiencia como en sus redes sociales contra una funcionaria pública.
La Fiscalía buscará imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Devia. La fiscal Monsalve señaló que el sindicalista viajó a Miami la noche del lunes pasado, lo cual generó una nueva controversia, ya que el acusado afirmó que no existía una orden de captura vigente en su contra ni una restricción para abandonar el país.
“Según mi conocimiento, Wilson Devia no es una persona protegida ni tiene denuncias de atentados que pongan en riesgo su seguridad. Su viaje de ayer parece más bien un intento de evadir la justicia”, argumentó la fiscal.
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