En la mañana de este 20 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció que logró la desarticulación de una banda criminal que traficaba a migrantes desde Colombia hasta países en Centroamérica. La diligencia que se llevó a cabo en varias zonas del país se dio de forma conjunta con la Dijín de la Policía.
Como pruebas en contra de la banda que se hacía llamar ‘Caravana’, el ente judicial recolectó grabaciones de llamadas, testigos y otros elementos que demostrarían la culpabilidad de los 11 miembros que fueron capturados.
Uno de los capturados fue el cabecilla y encargado de reclutar víctimas, de nombre Anderson Giraldo Espinal, y quien desarrolló todo su plan criminal mientras se encontraba con medida de aseguramiento domiciliaria privativa de la libertad por el delito de tráfico de migrantes.
Otra de las encargadas de la banda y que también deberá responder es Alba Luz Espinal, sindicada de ser la presunta encargada de hospedar y custodiar a las víctimas; sumado a “cuatro presuntos coyotes más fueron capturados en el Valle de Aburrá, incluyendo a Daniel Fernando López, propietario de dos vehículos de servicio público, y quien al parecer los ponía a disposición de la organización criminal para transportar migrantes”, agregó la Policía.
Asimismo, fue capturado John Freider Espinal, quien era el encargado de la logística y finanzas criminales; Deimer Enrique García, exmilitar y presunto coyote, y Víctor Hugo Hooker Martínez, inspector de la Oficina de Control, Circulación y Residencia, que facilitaba la entrada de extranjeros a la Isla de San Andrés. Y otros miembros que no se les conoce aún el nombre, pero jugaban un papel importante dentro de ‘Caravana’.
En la investigación se logró determinar que la banda desarrollo un modus operandi que funcionaba así: a través de redes sociales y grupos de whatsApp, vinculaba migrantes que permanecían o ingresaban de manera irregular al país, usualmente de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, de Asia y de África; y les ofrecían diferentes servicios, como transporte, hospedaje, alimentación, tiquetes, documentación falsa y traslado vía marítima a Panamá y Nicaragua por un costo de 1.000 hasta 10.000 dólares por persona.
Además, habría establecido diferentes rutas (Ipiales - Popayán - Cali - Buenaventura -Panamá; Ipiales - Medellín - Nococlí - Panamá; Ipiales - Medellín - San Andrés - Nicaragua) y se movilizaban en diferentes medios al interior de Colombia, entre esos, taxis, carros particulares, aviones comerciales, entre otros; en cuanto al hospedaje tenían algunos apartamentos en zonas estratégicas, una de esas en el Valle de Aburrá.
La investigación habría surtido efecto luego de que la Fiscalía tuviera acceso a algunas llamadas que sostuvieron miembros de la organización criminal en donde se les escucha hablar de sobre el transporte, algunos planes y los mensajes que le podrían dar a los migrantes para brindarles la confianza suficiente.
Tras su captura, la Fiscalía les imputo cargos por concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes y un juez de garantías les dio medida de aseguramiento.
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