Ley de Víctimas: estos son los grandes cuatro cambios que tendría, si son aprobados por el Congreso

Ante el Congreso de la República fue presentado un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas (1448 de 2011) por medio de la cual fueron dictadas medidas de atención, asistencia y reparación integral a quienes sufrieron afectaciones durante el conflicto armado interno.

Los promotores de esa iniciativa son el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas. Al respecto, Néstor Osuna, jefe de esa cartera, mencionó que esos cambios propuestos hacen parte de la conmemoración de los 12 años de sanción de aquella ley. En ese sentido, dijo que serán cuatro las grandes transformaciones de la legislación sancionada en el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Concretamente, lo que busca el Gobierno nacional es, en primera instancia, articular la política de víctimas con el Sistema Integral para la Paz. De igual manera, plantea superar los “bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales” identificadas dentro del Estado de cosas inconstitucional contemplado en la sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

Como tercera medida, sugiere fortalecer las labores de coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y, en general, promover un mayor acceso y garantía de los derechos de las víctimas. Al respecto, Osuna Patiño calificó la iniciativa como “el mejor proyecto de ley” que se presentará el 20 de julio cuando inicie el segundo periodo legislativo.

“Vamos a convocar a todas las instituciones del Gobierno nacional que están interesadas en el tema, pero también a la sociedad civil, a la Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) y a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo para redactar el mejor proyecto de ley que se presentará el 20 de julio”, sostuvo el ministro.

Asimismo, mencionó que otro de los objetivos es actualizar la legislación hecha antes de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc para articularla con los mecanismos transicionales de atención y reparación a víctimas.

Por su parte, la directora de la Unidad, Patricia Tobón, explicó la importancia de actualizar la Ley 1448 y combinar la política de víctimas con la Paz Total entendida como reglamentación de Estado. En ese orden, reiteró el llamado de Osuna para que, quienes tuvieron afectaciones durante el conflicto interno.

La funcionaria también resaltó que otro de los efectos que tendría la aprobación de esa ley sería la creación de políticas “efectivas y duraderas para atender asuntos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado”.

En el anuncio de la presentación de esta reforma, Tobón dio a conocer que también se convocará a actores civiles y de víctimas, pero también a sectores de la academia y del propio Gobierno nacional para llegar a consensos sobre las transformaciones lideradas por el Ministerio de Justicia.

La legislación reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia, algo que no ocurrió en gobiernos anteriores al que sancionó aquel articulado. En ese sentido, el artículo 3 reconoce como víctimas a quienes sufrieron afectaciones por guerrillas, grupos paramilitares y agentes del Estado a partir del primero de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) “o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos”.

El artículo 144 de esa ley estableció que dentro de los seis meses siguientes a su sanción, el Centro Nacional de Memoria Histórica debía crear e implementar un “un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica”, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas” que documenten las violaciones contempladas en el artículo tercero.

Sin embargo, vale mencionar que posterior a la firma del Acuerdo Final fue publicado el Informe Final de la Comisión de la Verdad, cuyos 22 tomos configuran un relato sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por todos los actores armados, así como las recomendaciones para la construcción de paz en el país bajo medidas que permitan la inclusión de poblaciones vulnerables y un enfoque étnico y de género.

También estableció los principales mecanismos de restitución de tierras y reiteró que las víctimas del conflicto tienen ese derecho. Para ello, se creó el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” en el cual fueron inscritas las víctimas que fueron desplazadas de sus terrenos.