
El colombiano Andrés Guzmán jugará un papel importante en la veeduría de los derechos humanos de El Salvador, uno de los países más populares de América Latina en los últimos años por la guerra contra las pandillas librada por su presidente Nayib Bukele.
En esa avanzada contra los grupos delincuenciales, el primer mandatario salvadoreño declaró un Estado de excepción desde hace más de un año, que alarmó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Pese a su alta popularidad, Nayib Bukele es catalogado como un neodictador que toma decisiones populistas para maquillar sus polémicas acciones que sobrepasan la ley y violan los derechos humanos. Uno de los principales afectados fue el Diario El Faro, que debió salir de este país por los ataques del Gobierno Bukele en su contra tras denuncias sobre corrupción e incumplimiento de los DD.HH.

Ante la alarma internacional por la infracción de los derechos, el presidente Bukele optó por crear el cargo de comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, en el cual fue nombrado Andrés Guzmán, un abogado bogotano de 48 años experto en ciberdelitos, asesor de seguridad digital y exdelegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Entre las labores que Guzmán tendrá en el Gobierno salvadoreño están: dar seguimiento, cohesionar y articular los programas y acciones de las instituciones del Órgano Ejecutivo en materia de derechos humanos y libertad de expresión, con énfasis en los entornos digitales.
Proponer y apoyar el desarrollo de proyectos que aumenten la conectividad y el acceso a tecnologías digitales, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos humanos y la libertad de expresión en línea, con todas las garantías de ciberseguridad.
Brindar asesoramiento experto al Presidente y al Gobierno sobre políticas, leyes y regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la identidad digital, garantizando que se consideren los derechos humanos y la libertad de expresión en su diseño e implementación.
¿Cómo llegó un colombiano al gobierno de Bukele?
Una de las principales apuestas de Nayib Bukele en El Salvador es la transformación digital del país, abanderando proyectos como la Economía Digital para América Latina y el Caribe (DE4LAC) del Banco Mundial y convirtiendo el bitcoin en una moneda oficial en el país centroamericano.
Así mismo, el mandatario proyectó la creación de ciudades inteligentes y completamente digitales que se muevan basadas en el uso de criptomonedas y que encuentren en las plataformas digitales un apoyo para acercarse a un nuevo estilo de vida, para muchos futurista.
Es así como la experiencia de Andrés Guzmán en todos los temas de seguridad digital, fue el punto de partida para su nombramiento. “He trabajado muchísimo dentro de mi país y fuera de él en temas digitales, protección de datos personales, firmas electrónicas, derechos en las redes, he tenido varias consultorías para el Gobierno de El Salvador”, dijo el colombiano en conversación con Blu Radio.
Guzmán agregó que en medio de estas consultorías conoció al presidente Bukele, quien quedó interesado en su experticia sobre el tema. “Hace más de un año tuve la oportunidad de conocer al presidente Bukele, hace unos meses me invitaron a dar una charla de la que nació la idea de tener esta comisión”, agregó el nuevo comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Aunque el perfil de Andrés Guzmán se adapta a las proyecciones del presidente Nayib Bukele, es cuestionada su poca experiencia en cuanto al tema de derechos humanos, ya que su hoja de vida solo registra su periodo en la Defensoría del Pueblo de Colombia como delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión.
Si bien es cierto que El Salvador le apuesta a la transformación digital, actualmente está lejos de eso y mientras tanto las denuncias sobre violación de los DD.HH. son fuera del entorno virtual. Según organizaciones defensoras, en El Salvador hay casi 8 mil casos de vulneración de derechos con detenciones arbitrarias durante el estado de excepción y muertes dentro de las cárceles de Bukele, a las que debe darle trámite Andrés Guzmán.
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