Fue radicado en la Comisión Primera del Senado la Ley de Sometimiento, uno de los principales proyectos del plan de gobierno de Gustavo Petro para la paz total, con la que buscará someter judicialmente a 23 de los 52 grupos criminales que delinquen en Colombia. El senador del partido Alianza Verde Ariel Ávila, ponente del proyecto, explicó sus puntos y descartó la excarcelación de los criminales que se sometan.
Con este proyecto de ley se busca someter a grupos como el Clan del Golfo, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros, los Chotas, los Rastrojos Costeños, entre otros, que representan más del 60% de la actividad criminal en Colombia.
Según Ávila de aprobarse la Ley de Sometimiento, entre 12 mil y 18 mil criminales de estos grupos armados podrían ser judicializados, asestando un fuerte golpe a las economías ilegales y reduciendo exponencialmente la violencia armada en las zonas rurales del país.
En conversación con Blu Radio, el senador indicó que la ley no aplicará para las disidencias de las Farc y el Eln, y tampoco tendrá nuevos procedimientos, tribunales transicionales o jueces, que esta se regirá bajo la justicia ordinaria y que todo quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación.
En cuanto a las penas y los rumores de excarcelación de criminales, el congresista de Alianza verde declaró: “Las penas serán de seis a ocho años en cárcel intramural y cuatro años de pena supervisada fuera de la cárcel, para un total de 10 a 12 años”
En cuanto a los criminales que se sometan y ya estén pagando penas, la ley indica que mínimo tendrán que pagar diez años de pena. “Los que ya están en cárcel pagando por crímenes graves, no tienen que pagar ocho años, sino pagar 10 años y, además, no va a haber excarcelaciones al que ya pagó 10 años, porque tiene que esperar por lo menos 2 años y 12 meses o 18 meses, mientras se firma el acta de sujeción colectiva, y luego un año supervisado en cárcel que contribuye para la verdad”, aclaró Ávila.
La ley de sometimiento propone un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía General de la Nación. Frente a eso, el senador dijo: “El proceso de acercamiento y conversación liderado por el Comisionado, el proceso o la etapa de procesamiento liderada por la Fiscalía y la etapa de pena restaurativa liderada por la Fiscalía y por el Ministerio de Justicia”
En cuanto a la amnistía económica, el texto del proyecto señala que los grupos delincuenciales deben entregar todos sus bienes y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al 6% de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos (11 mil millones de pesos) de los bienes que entreguen; los bienes incautados por las autoridades no cuentan.
El proyecto de ley no propone ninguna modificación a la extradición, por lo que los criminales requeridos por la justicia estadounidense deberán pagar los delitos por los que son requeridos. “No se va a tocar, eso es potestad del Gobierno colombiano y del Gobierno de Estados Unidos, ellos son los que deciden en su autonomía”, dijo el ponente del proyecto.
“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario” declaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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