Este sábado 20 de mayo, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció la muerte de cuatro menores de edad indígenas a manos de grupos armados y quienes, según la organización, estaban escapando de ser reclutados.
En su denuncia, la organización responsabilizó de forma directa al frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, perteneciente a las disidencias de las Farc.
Indicaron que los menores fueron víctimas de reclutamiento forzado y, al intentar escapar de los campamentos guerrilleros, ubicados en los límites entre Amazonas y Caquetá, fueron asesinados por los subversivos. La comunidad indígena encontró los cuerpos de los menores en inmediaciones de la población El Estrecho y procedió a velarlos y sepultarlos.
La Opiac repudió los hechos asegurando que las comunidades indígenas “han sufrido constantemente vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.
Ante lo sucedido, se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que junto con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se trasladarán este mismo 20 de mayo a la zona para atender la situación.
Lo anterior, atendiendo a la misma denuncia de la Opiac en la que solicitó al Gobierno hacer presencia en el lugar y tomar medidas y acciones que les garanticen su seguridad.
De igual manera, señaló que se creará un consejo de seguridad especial para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la masacre de los menores.
“La señora viceministra del Interior, el director de la DIJÍN Policía y la subdirectora del ICBF salen esta tarde para Putumayo para acompañar consejo de seguridad. El asesinato de menores es más que intolerable y los responsables deben responder ante la justicia”.
El presidente Gustavo Petro también se refirió a lo sucedido. Expresó su indignación a través de su cuenta en Twitter:
“El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”, dijo el mandatario.
Enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Caquetá
La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas advirtiendo de los riesgos por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, quienes disputan el control de territorios en el Caquetá. Al respecto, este fue el más reciente llamado de la entidad:
“Con la Alerta Temprana de Inminencia 018, estamos advirtiendo sobre la situación de riesgo actual para la población civil en el área de la cordillera del municipio de San Vicente del Caguán. Es crucial que el Estado tome acciones urgentes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la población civil”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En la alerta, también se señala que las poblaciones con mayor riesgo de quedar en medio de los combates son la Zona de Reserva Campesina, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Óscar Mondragón y los resguardos indígenas de Altamira y Banderas del Recaibo, ubicados en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Según indica la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de mayo se ha registrado la desaparición de un hombre de 37 años, el asesinato de otra persona y la presencia de hombres armados, que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc. A esto se suma el asesinato de los cuatro menores indígenas denunciado por la Opiac.
Durante mayo, van dos enfrentamientos armados entre los frentes disidentes de las Farc Segunda Marquetalia y el denominado Estado Mayor Central; el primero tuvo lugar el 12 de mayo en la vereda Las Perlas y, el segundo, el 15 de mayo en el sector de la vereda Las Morras. De igual forma, los dos hechos ocurridos en el Caquetá.
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