El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre el aumento en los riesgos para los defensores de derechos humanos en Colombia. Las declaraciones fueron hechas el 19 de mayo, cuando se dio a conocer la Alerta Temprana Nacional 019-2023, en presencia de miembros de la comunidad internacional. El documento presenta 70 recomendaciones al Gobierno nacional.
Durante su intervención, Camargo afirmó que existe preocupación extrema por el aumento de riesgos y de homicidios en contra de líderes sociales en el país. Según los registros de ese organismo, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se registró el asesinato de 593 defensores de derechos humanos, lo que se traduce en un promedio de 15 personas por mes.
Adicionalmente, el análisis al mapa nacional de riesgos reveló que existen 706 municipios en amenazados, dos terceras partes del territorio nacional. Esta cifra se distribuye en: 120 municipios con riesgo extremo, 258 en alto, 203 con amenaza media y 125 en bajo.
Del total de las víctimas, 519 fueron hombres y 74 mujeres. 51 homicidios sucedieron entre septiembre y diciembre del 2019, 182 en el 2020, 145 durante el 2021 y 215 en el 2022. Desde la Defensoría se reveló que el 52.6% de los crímenes se cometieron en los departamentos de Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Magdalena, Arauca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Córdoba, Guaviare.
“Reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo, por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia, con el 79 por ciento del total de homicidios”, declaró Carlos Camargo Assis.
Adicionalmente, se reportaron 2.851 conductas vulneratorias contra personas y 123 contra organizaciones, para un total de 2.974. Los sectores sociales más amenazados son el comunal, las comunidades indígenas, el campesinado y las poblaciones afrodescendientes, siendo estos quienes experimentan mayor recurrencia en las vulneraciones.
Sin embargo, el aumento de las violencias y amenazas no solo han aumentado contra los líderes sociales, sino también contra los funcionarios públicos, personeros, activistas, sindicalistas, ambientales y gestores de paz.
El documento advierte que la intensificación del conflicto armado, las violencias conexas y la pandemia por el covid-19 han implicado rupturas en sus procesos de comunicación con las comunidades, obstaculizado los desplazamientos y golpeado las economías de los defensores. A lo que se suman las afectaciones en la salud mental y psicosocial.
Uno de los factores de amenaza resaltados fue la presencia, tránsito, acción, injerencia, control o confrontación de Grupos Armados Organizados (GAO) en los territorios, pues pone en alto grado de vulnerabilidad a los líderes sociales. La alerta emitida explica que el ejercicio de violencia contra los defensores es usada para generar control en el territorio.
Otro de los puntos destacados es la existencia de un subregistro en conductas vulneratorias contra la población civil en el país, en gran parte del territorio, el cual sería producto de las dificultades en el sistema de registro y denuncia, agravado por las brechas tecnológicas e impacto del covid en los espacios rurales.
“Se debe trabajar más arduamente para la protección de estas personas y por eso entregamos 70 recomendaciones que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta y responsables principales con las que pretendemos impactar en la acción estatal, de cara a la mitigación o disuasión del riesgo Defensoría del Pueblo”, concluyó el defensor del Pueblo.
Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia, intervino en el evento. Destacó el modelo de alertas tempranas desarrollado por la Defensoría del Pueblo, afirmó que se trataba de uno de los más integrales que ha conocido.
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