La Corte Suprema de Justicia avaló un preacuerdo logrado por la Fiscalía General de la Nación con los exgobernadores del Guianía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado. Los condenados aceptaron devolver al departamento 14.794′564.100 pesos.
La Fiscalía calificó el hecho como “sin precedentes”, la pena de prisión para Rodríguez Sánchez quedó en 11 años y tres meses; mientras que Zapata Parrado deberá purgar nueve años y un mes. Ambos pagarán multas adicionales por 4.103 y 2.036 millones de pesos, respectivamente.
El preacuerdo estableció que Zapata Parrado retornará 5.033′435.982 pesos a las arcas del Guainía. El ente acusador informó que ya ha contribuido con 3.838 millones, efectivos por medio de la transferencia de un bien. Rodríguez ha devuelto 6.219 millones, de los 9.761′128.118 a los que está comprometido.
Entre ambos políticos aceptaron un total de 128 eventos delictivos, entre los que se encuentran concierto para delinquir agravado, peculados por apropiación en favor de terceros, celebración indebida de contratos, cohecho, corrupción de sufragante y fraude procesal, entre otros.
El ente acusador explicó que ambos mandatarios habían generado una red de macrocrimininalidad, actuando en clara contra vía de su mandato constitucional. En el entramado comprometieron varios fondos públicos, destinados a la atención de las necesidades de los habitantes del departamento.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que entre 2013 y 2019 se desviaron recursos a favor propio y de contratistas seleccionados. El proceso de investigación fue acompañado por la policía judicial, encargada de desvelar cómo operaba el proceso de corrupción en la gobernación.
Según la información brindada por la Fiscalía, tras llegar a la gobernación, Rodríguez Sánchez creó varías empresas, cuya titularidad quedó en cabeza de conocidos y familiares suyos. Estos eran beneficiados con contratos para la elaboración de distintas obras, tales como acueductos, proyectos de saneamiento básico (para las comunidades indígenas) y poblaciones vulnerables. Al llegar Zapata Parrado al poder dio continuidad al entramado de contratos generado por su antecesor.
Una vez revelados los resultados de la investigación, la defensa de ambos exfuncionarios negociaron con el ente fiscal para llegar al preacuerdo. Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado debieron aceptar las responsabilidades y comprometerse a devolver el dinero pactado, el cual equivaldría al detrimento patrimonial generado.
“La Fiscalía dispuso en la negociación judicial que la suma fijada como reintegro quedará a título del departamento de Guainía y será orientada a subsanar las deficiencias en bienes y servicios de la ciudadanía, y culminar todas las actividades y compromisos que no se ejecutaron” se explicó.
Se cae a pedazos un colegio recién entregado a indígenas de Guainía: Procuraduría inició indagación previa
A inicios de mayo, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación previa contra miembros de la Gobernación de Guainía, por determinar, debido a la situación que se presenta en la construcción de un plantel educativo, recientemente entregado a la comunidad indígena de El Paujil.
La denuncia de este hecho fue presentada por autoridades indígenas de Guainía, quienes evidenciaron serios problemas de infraestructura, deficiencias en la instalación de las tuberías sanitarias y caídas de parte del cielo raso; “situaciones que generan una grave afectación sanitaria y riesgos de lesiones a la comunidad educativa”, expresó el Ministerio Público en su comunicación.
En ese sentido, la Procuraduría aseguró que ya le había solicitado a los secretarios de Educación y Planeación departamentales detalles sobre las medidas adoptadas para atender estas graves situaciones, así como afectación de pólizas de estabilidad de obra, declaratorias de incumplimientos y demás aspectos relevantes.
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