Además de los cinco pilares estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Petro –ordenamiento territorial alrededor del agua; el derecho humano a la alimentación; la transformación productiva; la convergencia regional y la política de seguridad humana– otro de los ejes del articulado que fue aprobado por el Congreso es la implementación del Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc.
En ese sentido, la iniciativa quedó con varios apartados relacionados con el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –Pdet–, su ejecución y los objetivos planteados hasta 2026.
De acuerdo con la Agencia Nacional del Territorio –ART–, los principales objetivos del PND ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ es la reducción de la pobreza multidimensional en regiones afectadas por el conflicto armado, pues según cifras del Dane, este indicador en los municipios Pdet es del 28%, superior al registro general del país que es del 16%.
Para contrarrestar esa cifra, el artículo 16 del PND determina una nueva metodología para la asignación de recursos para la implementación del Acuerdo en esas zonas del país. Dicho mecanismo estará liderado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión –Ocad– a fin de priorizar los territorios que recibieron menor cantidad de dineros provenientes de regalías para la puesta en marcha de proyectos productivos y reincorporación de excombatientes.
Además, este inciso detalla que se llevarán a cabo convocatorias públicas conformadas por Planeación Nacional –DNP– y la ART con el objetivo de priorizar, visibilizar y aprobar los proyectos de inversión destinados a esos municipios. “En este sentido, le corresponderá a la ART certificar la concordancia de los proyectos que se sometan a consideración del OCAD PAZ con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional –Patr– contenidos en los Pdet”, señaló la entidad durante el lunes 8 de mayo.
De igual manera, el articulado determina la articulación entre el Plan Marco de Implementación –PMI–, instancia encargada de guiar las políticas públicas para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, con la puesta en marcha de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, los cuales tienen como funciones el cierre de brechas entre el campo y la ciudad y la superación de la pobreza con enfoque en las áreas rurales.
En su pronunciamiento, la ART destacó el artículo 205 que ordenó la creación de una instancia de articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– para coordinar y facilitar el seguimiento y cumplimiento “de las medidas de contribución a la reparación en cabeza de los comparecientes” ante ese tribunal transicional y las sanciones emitidas.
Al respecto, el artículo establece que dicho organismo estará conformado por presidencia en cabeza de la oficina del alto comisionado para la Paz; los ministerios de Justicia y Defensa; la ART, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –Ubpd–. “La instancia deberá adoptar su propio reglamento para definir su funcionamiento y toma de decisiones”, precisa el apartado.
Por otra parte, la ART resaltó la participación y la creación de mecanismos para la consolidación de la política de pacificación nacional en los territorios. “Se busca que estos espacios de participación sobre el desarrollo territorial de las regiones de paz, contemplen la articulación con los Patr y entre los instrumentos de la política de Paz Total”, apuntó la entidad.
Sin embargo, pese al hundimiento del artículo 8 que acogía las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el director de la Agencia para la Renovación del Territorio, Raúl Delgado manifestó que “el carácter reparador de los PDET, requiere el reconocimiento y respeto de la verdad de pueblos, comunidades y víctimas”. En ese orden, dijo que desde esa dependencia acogerán las recomendaciones que les corresponda.
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