Con motivo del segundo aniversario del paro nacional, iniciado el 28 de abril del 2021, 19 organizaciones sociales agrupadas en la Mesa por la reforma policial exigieron al Gobierno nacional realizar una reforma urgente al sistema. Criticaron que los cambios al Esmad, que se convirtió en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden –Undmo-, se hicieran sin acompañamiento de la sociedad civil.
Aseguran que durante las movilizaciones sociales vividas en el 2021, que se prolongaron por más de tres meses, fueron reprimidas severamente por parte de las autoridades policiales del país desconociendo el legítimo derecho ciudadano a la movilización social y violentando el goce de derechos fundamentales.
Entre las cifras reportadas por organizaciones como Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se encuentran 89 casos de homicidios,1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género cuyos responsables serían miembros de la fuerza pública.
En el comunicado se resaltó que varias de estas violencias tuvieron un impacto diferencial, tal como lo denunció Proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones a favor de los derechos de las personas afro, que registraron al menos 15 casos de violencia de género, 26 desapariciones forzadas, 7 detenciones arbitrarias y 36 asesinatos en contra de la población afrocolombiana.
Los casos de violencia no fueron el único argumento. También denuncian los altos niveles de impunidad en las denuncias, pues del total de casos por abuso de autoridad, solo el 1,34% se encuentra en investigación, 4.2% en juicio, 0.54% en ejecución de pena, 0.02% en terminación anticipada y tan solo 0.7% de los casos se han emitido fallos.
Dado este escenario, afirmaron que no hay garantías efectivas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, así como a la no repetición, pues a las víctimas de violencia policial se les ha negado el acceso al sistema de justicia.
“El estado de impunidad aumenta las condiciones para la continuidad de los casos de violencia policial, por lo que el trámite de dichos procesos en su mayoría han significado un perjuicio para las víctimas y han terminado en hechos de revictimización, afectando de forma desproporcionada a grupos históricamente discriminados como la población afrodescendiente, indígena y LBGTIQ”, explicaron en el documento.
Frente a las demandas, piden que se desmonte el Esmad y se avance hacia una reforma integral a la policía. Explicaron que si bien estas fueron formuladas durante el gobierno de Iván Duque, su cumplimiento sigue siendo una tarea pendiente para el Estado colombiano.
Aunque reconocieron que tanto la Policía como el Ministerio de Defensa han buscado desarrollar transformaciones del Esmad, que mutó en el Undamo, este proceso se realizó sin el acompañamiento de la sociedad civil. Situación que evitó la creación de diálogos conjuntos y en consecuencia la nueva unidad mantienen problemas estructurales.
Critican que el Undamo conserva la doctrina anterior, que se mantiene su capacidad para actuar en riñas, minería ilegal, centros penitenciarios y espacios de cultivos ilícitos; cuando se trata de un cuerpo policial pensado para la atención de manifestaciones ciudadanas. Además, la nueva unidad no integraría enfoques diferenciales; mantendría sus competencias para ejecutar tareas de inteligencia, permitiendo el perfilamiento a líderes sociales; y finalmente, cuestionaron que se continúe con el uso de armas potencialmente letales.
Entre los firmantes del documento se encuentran: Amnistía Internacional, La Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares , el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, el Colectivo de Abogados Justicia Racial (JusticiaR), la Corporación Justicia y Democracia, la Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Limpal Colombia, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Fundación Karisma, la Fundación Lazos de Dignida, la Fundación La Manada Feminista de DDHH, Temblores Ong, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Ilex Acción Jurídica.
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