Durante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC costaría 105 billones de pesos, cifra a la cual se debe añadir lo que cueste la compra de tres millones de hectáreas de tierra para entregarlas a las víctimas, en cumplimiento de la Reforma Rural Integral, primer punto del documento.
Dicha premisa fue ratificada por la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, Gloria Cuartas, quien en diálogo una entrevista con Yamid Amat, en Noticentro Uno CM&, reiteró que la reparación total a todas las víctimas del conflicto armado tardaría 125 años al paso que han tenido gobiernos anteriores.
En esa medida, la funcionaria explicó que el jefe de Estado le hizo un llamado a los sectores políticos y empresariales del país para ahondar en una discusión que termine en un gran acuerdo nacional que demuestre, con estimaciones reales, el tiempo que se tardará en resarcir el daño de quienes sufrieron afectaciones por la guerra interna.
“Después de la posesión de Petro, el discurso de hoy debería ser escuchado en escuelas, colegios, por empresarios, la economía solidaria y los medios de comunicación para que podamos asumir una nueva visión política y enfrentar los retos de la implementación del Acuerdo”, sostuvo Cuartas.
De igual manera, explicó que la implementación debe tener tres abordajes: sobre las víctimas del conflicto, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y las regiones donde hay minas antipersona. Sobre la compra de las tres millones de hectáreas de tierra fértil, precisó que estas tienen un costo de 60 billones de pesos; sumado a eso, también tuvieron en cuenta estimados hechos en el gobierno de Juan Manuel Santos. En estos, la implementación general del Acuerdo Final valdría 129.5 billones.
Sobre los recursos existentes para la implementación del acuerdo firmado con las antiguas Farc, Cuartas detalló que en la asignación presupuestal fueron destinados dos billones de pesos para el Fondo para la Paz; del fondo multidonante —cooperación internacional— hay 55 millones de dólares, es decir, más de 250.000 millones de pesos colombianos. En ese sentido, señaló que el Estado no cuenta con 50 billones para responder a las víctimas del conflicto.
“Estamos haciendo un proceso gradual, lo que ocurre es que yo estoy hablando de 50 billones en cuatro años y las víctimas del conflicto, desde el 2011 hasta hoy, están esperando una indemnización. El acuerdo no se puede mirar solo sin las víctimas”, enfatizó la directora de la Unidad en aquella entrevista.
Por otra parte, le lanzó pullas a la implementación hecha en el gobierno de Iván Duque: dijo que esos cuatro años del pasado mandato “se perdieron” y argumentó que las instancias creadas por lo pactado en La Habana no entraron en funcionamiento y las instancias fueron agotadas.
“En la Costa pacífica encontramos que ni el Ocad-paz ni los Pdet habían tenido inversión en la Costa Pacífica. Posteriormente evidenciamos que la alta instancia de género tampoco había sido convocada. La Comisión de Garantías de Seguridad está sesionando”, anotó Cuartas. Incluso, anunció que en mayo será presentado el plan nacional de garantías de seguridad y desmonte de estructuras criminales.
Cabe mencionar que Petro envió un mensaje poco optimista sobre la implementación del Acuerdo Final, y dijo que de acuerdo a los presupuestos y los tiempos de cumplimiento del documento firmado en 2016 no podría haber un total cumplimiento, empezando por la Reforma Rural Integral.
Bajo ese panorama, cuestionó cómo se van a hacer nuevos acuerdos con otros grupos armados si el elaborado con la antigua guerrilla no podría implementarse.
“Ahora, si no se va a cumplir el acuerdo de paz con las Farc, ¿cómo planteamos nosotros nuevos acuerdos? ¿Cómo invitamos a la Paz Total?” Manifestó el primer mandatario. Sin embargo, ante esos escenarios dijo que solo quedaba el camino de cumplir con esa política de Estado, poner en marcha cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final, atacar las economías ilegales y las fuentes de financiación de grupos criminales y lograr un gran acuerdo nacional con diferentes sectores sociales, políticos y económicos.
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