El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el martes 11 de abril la liberación de Stivenson López Barrios, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que había sido secuestrado por disidencias de la Farc en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
El funcionario, quien trabajaba en el establecimiento penitenciario y carcelario de Jamundí, fue entregado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, quienes lo tenían en su poder desde el sábado 8 de abril del presente año.
Cuando dio a conocer la noticia, el Inpec señaló que tenía conocimiento de que los hechos, que produjeron el secuestro de Stivenson López Barrios, se dieron mientras el funcionario se encontraba descansando:
En el comunicado, donde informó la liberación del dragoneante, el Cicr expresó que el funcionario se encuentra en “adecuadas condiciones de salud y fue trasladado por el equipo de la organización internacional a otro lugar en donde fue entregado a su familia”.
Según expresó la entidad, durante los cuatro meses que lleva 2023, ha recibido a 29 personas que se encontraban en poder de grupos armados.
Por otra parte, desde el Inpec se agradeció a las diferentes entidades que lograron que el funcionario haya recobrado la libertad y le reiteró nuevamente a los ministerios de Defensa y de Justicia poner a disposición toda la capacidad institucional de las autoridades pertinentes, es decir, la Policía y el Gaula para salvaguardar la vida de todos los que trabajan en la entidad.
El 22 de marzo, el director del Gaula de la Policía Nacional, coronel Giovanni Cristancho, le concedió una entrevista a RCN Radio donde advirtió sobre el incremento de la cifras de secuestro en Colombia durante 2023 y señaló que los departamentos de Antioquia, Meta, Cundinamarca y Valle son las regiones más afectadas por este delito.
Según le dijo al medio de comunicación, en lo corrido de este año, se han capturado 76 personas por ese delito, es decir, 28 casos más que en el mismo periodo de 2022. También dijo que 17 personas han sido rescatadas y se ha evitado el pago de $2.023 millones de pesos.
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