La Fiscalía General de la Nación condenó a siete años de prisión a la exdirectora de la oficina de Planeación de Funza (Cundinamarca), Adriana Milena Orozco Quecano, por su responsabilidad en múltiples irregularidades que permitieron la construcción de un denominado Parque Industrial en la Sabana Occidente de Bogotá.
A través de un comunicado, el ente investigador señaló la misma codena para un ciudadano identificado como Mario Angulo. De acuerdo con el director especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón, explicó que, “la exfuncionaria, valiéndose del cargo que ocupó entre los años 2012 y 2014, expidió una licencia de construcción para parcelar en 34 lotes un predio de 168.000 metros cuadrados”.
El funcionario judicial señaló que, con esta disposición, se desconoció la normatividad vigente que prohíbe usar más del 50% de un terreno en zona suburbana. “Aquí se demostró se autorizó el aprovechamiento del 63% del área”, agregó Calderón.
El director contra la Corrupción aseguró que la entonces directora de la oficina de Planeación de Funza recurrió a falsedades para modificar la licencia y permitir que la parcelación aumentara a 41 lotes sobre un predio de 176.000 metros cuadrados, todo esto con beneficio de Mario Angulo.
De igual manera, con la información suministrada por la Fiscalía enfatizó que la exdirectora de Planeación de Funza deberá pagar una multa de 37 millones de pesos y cumplir una inhabilitada para ejercer funciones públicas por 102 meses. Además, el documento ordenó la captura inmediata de Adriana Orozco para hacer efectiva la pena en centro carcelario.
Por su parte, Mario Angulo fue judicializado y deberá pagar la suma cercana a 113 millones de pesos, y se le reconoció el beneficio de detención domiciliaria.
Exfuncionario de la empresa Aguas de Bogotá fue acusado de corrupción
El 22 de febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al ex coordinador de operaciones de la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, Mario Germán Rojas Torres, funcionario en 2017, por presuntamente avalar de manera irregular el pago de facturas por más de 54 millones de pesos, sin indicar que sus consecutivos eran distintos a los emitidos inicialmente por el contratista.
En ese sentido, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá señaló que el servidor, quien además ofició como supervisor, pudo faltar a su deber de verdad al omitir mencionar la situación. Esto se dio aunque el contrato para la adquisición de sensores de identificación, unidades GPRS, sensores de combustible y el servicio de instalación de los dispositivos es genuino.
De igual forma, el Ministerio público sostuvo que Mario Germán Rojas Torres, particular en ejercicio de funciones públicas, habría omitido indicar las fechas de las facturas que estaba reemplazando, y dio como cumplidos hechos que no sucedieron en el periodo de tiempo señalado, pero que no obstante se pagaron como lo evidenciaron las órdenes de pago y los comprobantes de egreso.
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