El sábado 1 de abril la Procuraduría General de la Nación le exigió al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrero, que cumpla con la prestación del servicio y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) dirigido a quienes conforman el sistema educativo oficial en la ciudad.
En ese sentido, el Ministerio Público exhortó al mandatario a adelantar las gestiones necesarias para entregar oportunamente el PAE a los 54.000 beneficiarios previstos para la actual vigencia, “con el propósito de mantener los niveles de atención e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje”, puntualizó la entidad en su comunicado.
Desde el órgano de control también se estableció, que en el marco del Plan Operativo Anual de Inversiones para 2022, la capital del Tolima incumplió la meta de llevar el PAE a 53.000 estudiantes de la comunidad educativa, tal como quedó consignado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020–2023.
En ese sentido la Procuraduría General puntualizó que:
“Lo planes de desarrollo tienen como propósito disponer de un instrumento que permita a las autoridades territoriales orientar y racionalizar la acción del Estado para aprovechar de la manera más eficiente posible los recursos públicos y garantizar un mayor bienestar a la población”.
Antes de terminar 2022, la administración de Ibagué señaló que para mejorar el funcionamiento del PAE en 2023 iba a adoptar una serie de medidas para garantizar el acceso de este derecho a los estudiantes de la ciudad.
Una de las medidas para mitigar los inconvenientes en el desarrollo del plan fue incrementar la preparación de los alimentos en las instituciones educativas de jornada única.
“Con este cambio de modalidad se beneficia a las instituciones, fortaleciendo su dotación de menaje, utensilios o mobiliarios de cocina, los cuales son entregados por el operador en calidad de préstamo, haciendo posible la preparación en sitio de los alimentos; con ello se contrata personal manipulador de la zona, continuando con los controles de calidad”, explicó Jhoana Vidales, directora de Cobertura Educativa.
En su llamado al alcalde de Ibagué, la Procuraduría General terminó su pedido asegurando que, a través de esta actuación preventiva, hace un seguimiento a esta estrategia estatal, “dirigida a promover el acceso con permanencia en el sistema educativo oficial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, sin que ello implique coadministración”.
Hay que anotar que el 28 de marzo el Ministerio Público anunció la apertura de una indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, y contra los alcaldes de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar por presuntos retrasos en el Programa de Alimentación Escolar.
“La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira indaga las razones por las cuales aún no se ha culminado el trámite contractual para la implementación del PAE, tanto el mayoritario, como el étnico, en sus respectivas jurisdicciones, y de esa forma garantizar la prestación del servicio de manera continua durante el año escolar”, explicó la entidad de control.
En dicha indagación también fueron señalados Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente.
“Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, informó la Procuraduría.}
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría General solicitará copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial con las fechas de inicio y finalización de calendario escolar y el número de beneficiarios proyectados para PAE.
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