Los líderes sociales y defensores de derechos humanos del departamento de Norte de Santander denunciaron un grave hecho, ya que al parecer por el incumplimiento en pagos ciertas camionetas y esquemas de seguridad asignados en la región estarían siendo retirados.
Según indicó uno de los líderes a una emisora radial los más recientes cambios realizados en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los incumplimientos a los contratistas han ocasionado esta delicada situación el departamento fronterizo.
Inclusive tienen previsto recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección mediante medidas cautelares. Por el momento los líderes de la región denuncian el complejo panorama, uno de ellos es Diego Villamizar, defensor de derechos y quien indicó en La W que la administración de Gustavo Petro tiene la responsabilidad en la cantidad de esquemas de seguridad y camionetas que han tenido que ser retirados del departamento.
Precisamente, Villamizar indicó que varias camionetas y esquemas de seguridad han sido retenidos por los contratistas ya que la Unidad Nacional de Protección llevaría cerca de seis meses sin pagar la cuenta de cobro. Inclusive, varios automotores ni siquiera tienen aún la revisión tecnomecánica.
El defensor de derechos humanos Diego Villamizar resaltó la conflictividad de la zona fronteriza, en la que constantemente grupos al margen de la ley se disputan el control territorial, por lo que solicitan prontamente la actualización de pagos y el restablecimiento de todas las camionetas blindadas y los esquemas de seguridad en Norte de Santander.
Se debe recordar que una situación similar había sido denunciada durante el mes de febrero en los territorios de Catatumbo, Bajo Cauca, Tumaco y Córdoba, donde los líderes habrían indicado que la escasez de presupuesto dificultó la compra de combustible y el mantenimiento de los automóviles blindados.
Por polémica en carros de la UNP, Fiscalía pidió investigar a la fiscal Monsalve
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer a través de un comunicado que ha compulsado copias a la Comisión de Disciplina Judicial en contra de la fiscal Angélica Monsalve por el llamado caso del “carrusel” de los carros blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), revivido por ella después de que el ente haya abandonado las investigaciones abiertas en el 2014.
El motivo de la decisión de la Fiscalía es que Monsalve tuvo conocimiento de otras denuncias al interior de la UNP, pero en vez de remitirlas a delegados contra la corrupción, asumió ella misma esas investigaciones sin informar. Así lo indicó la entidad a través del comunicado, que fue dado a conocer por la Revista Semana.
En ese documento se advierten presuntas irregularidades en el proceder de la funcionaria por asumir aquellas denuncias en vez de darles el trámite correspondiente. “Es vieja ya la razón sencilla es que entre ambos asuntos no existe relación. En otras palabras, la causal de recusación para conocer de los hechos en los que está involucrado el solicitante no es procedente simplemente porque la fiscal 414 seccional no es el despacho competente para conocerlos”, dice la Fiscalía.
Durante el proceso, Monsalve fue recusada por Wilson Devia, que fue el investigado dentro del caso, y si bien la Fiscalía en su momento negó este recurso, los encargados notaron los problemas en los procedimientos de la funcionaria en el marco de este caso, y como se constituiría una falta disciplinaria, se compulsaron copias a la Comisión de Disciplina Judicial.
“Con base en lo anterior, considera esta delegada que hubo omisión en el actuar desplegado por la doctora Monsalve Gaviria en su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito… contra la eficaz y recta impartición de justicia y contra los mecanismos de participación democrática razón por la cual se compulsarán copias disciplinarias ante la comisión seccional de disciplina judicial”, advierte la Fiscalía.
Ahora, la fiscal Monsalve deberá comparecer ante la Comisión y explicar por qué decidió tomar ella misma el proceso en primera instancia, que supuestamente no sería de su competencia. Este procedimiento podría terminar incluso repercusiones penales para la funcionaria.
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