Procuraduría alertó sobre el incremento de acciones violentas en Valdivia y Yarumal, Antioquia

Los enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo han dejado 18 personas muertas desde el 6 de marzo

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Aunque hay versiones de que
Aunque hay versiones de que en una zona rural del municipio habría más cuerpos, que no han podido ir a recuperar, las autoridades aún no han confirmado exactamente cuántos fallecidos serían.. EFE/Ernesto Guzman

Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el incremento de los enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo en zona rural de los municipios de Valdivia y Yarumal, Antioquia, que han dejado, desde el 6 de marzo, un saldo de 18 miembros de estos grupos muertos.

En su llamado, el Ministerio Público manifestó que los combates han comenzado a generar desplazamiento, confinamiento y desabastecimiento de alimentos y medicinas para al menos 80 familias de las veredas la Cruzada y poblaciones aledañas al municipio de Yarumal.

Según la Personería de Yarumal, las parcelas habrían sido minadas por los ilegales para hacerse con ellas, así como tampoco es posible el acceso del Ejército Nacional, al estar alejados más de tres horas del área urbana.

Por denunciar los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, la Procuraduría General informó que el personero habría recibido amenazas de muerte por parte de estos dos grupos armados.

En ese sentido, el órgano de control le hizo un llamado al Gobierno nacional “para que se proteja su vida y se tomen acciones urgentes de atención humanitaria a las familias afectadas y evitar que esta situación continúe expandiéndose hacia otras zonas del departamento”.

Así lo comentó el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento:

“Esta problemática lejos de detenerse, se ha expandido a otras subregiones como el nordeste antioqueño, de donde se ha conocido de riesgos de desplazamiento de las comunidades de Segovia y Remedios, por las disputas de control territorial y de rentas ilícitas entre estos grupos armados organizados”.

Por último, la Procuraduría aseguró que, “a través de sus capacidades misionales, continuará monitoreando las afectaciones contra la vida y libertades fundamentales de los habitantes de estas zonas del departamento de Antioquia; y vigilando la respuesta institucional, que en estos escenarios ha de ser urgente, excepcional e inmediata”, finalizó el comunicado del Ministerio Público.

La situación de violencia, que se estaría presentando desde el 6 de marzo, tiene en zozobra a los habitantes. De acuerdo con sus versiones, varias comunidades están en medio del fuego cruzado por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.

En el caso de Valdivia, en las últimas horas fueron encontrados dos cuerpos sin vida, información que confirmaron desde la Séptima División del Ejército Nacional. Varias versiones indicaron que para recoger los dos cuerpos se conformó una comitiva con hombres de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos del municipio.

Aunque hay versiones de que en una zona rural del municipio habría más cuerpos, que no han podido ir a recuperar, las autoridades aún no han confirmado exactamente cuántos fallecidos serían.

“Hay desplazamientos, hay zozobra, hay miedo, estos enfrentamientos han causado mucho dolor en la población civil. Exigimos del Gobierno nacional y de los actores armados un cese el fuego, un cese de hostilidades en la población civil, que respeten a la comunidad y los derechos humanos”, manifestó Carlos Arcila, defensor de derechos humanos.

Por otro lado, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denunció el miércoles 15 de marzo sobre un desplazamiento forzado en las veredas del municipio de Segovia (Antioquia) debido a los enfrentamientos entre actores armados.

Según lo mencionado por la organización social, las familias que buscan preservar su vida e integridad han decidido desplazarse hacia varias veredas cercanas o al corregimiento de Puerto López, jurisdicción del municipio del Bagre (Antioquia). En ese sentido, la corporación exigió a los actores armados excluir a la población civil de las confrontaciones armadas y acatar el derecho internacional humanitario.

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