La vicefiscal Martha Mancera, actuando como fiscal general de la Nación, negó el principio de oportunidad de los investigados Ricardo Manjarrés Cabezas y Yonn Jairo García Rivera, relacionados con el caso del ‘’carrusel de contratación de carros blindados‘’, ya que la funcionaria aseguró que los declarantes no han entregado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que actuaron con los presuntos coautores de los delitos en los que se incluye a generales y coroneles, empresarios y civiles de gran importancia en el país.
Cronología del caso
Las evidencias en el caso fueron dadas a conocer días atrás en W Radio, las mismas incluyen interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, documentación y testimonios que señalan a la empresa M&M Group, cuyo nombre fue cambiado a 7M Group, que fue el eje de esta multimillonaria operación criminal.
Esta investigación debería estar adelantada, ya que los mayores ejecutivos de la empresa Manjarrés Cabezas y García Rivera, fueron a ofrecer colaboración delatando a sus cómplices. A cambio de este principio de oportunidad ofrecían declarar contra altos miembros en la nación.
Uno de los salpicados hasta el momento es el general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, quien presuntamente recibía donaciones a cambio de las fichas técnicas de las contrataciones de los carros blindados y no blindados. Se deduce en relación a la información entregada por los declarantes que esta operación se desarrollaba a través de la esposa del alto oficial, Eva de Palomino.
El general William Ernesto Ruiz es otro de los mencionados en el caso, quien supuestamente solicitaba donaciones y colaboraciones para protegerlos en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y direccionar procesos de contratación para que ellos ganaran.
El coronel Juan Francisco Peláez, de quien aseguran les otorgó contratos al interior de la Dirección de Tránsito de Bogotá y después la Dirección Nacional de Tránsito a cambio de dádivas y favores. Otro mencionado es el coronel John Carlos Roa, sobre quien dicen les entregaba información sobre procesos de contratación, antes de que fueran publicados, y pedía dádivas y favores a cambio.
Entre los supuestos cómplices también se nombró a Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien hipotéticamente conocía que el secretario general de la UNP, Julián Marulanda, beneficiaba a los contratistas corruptos. Respecto al segundo en mención Marulanda, secretario de la Unidad Nacional de Protección, se le señala porque según ellos entregaba información privilegiada sobre los contratos de compra de carros y repuestos, y a cambio de estos datos solicitaba dádivas.
También Carlos Bermúdez Cuchimaque, antiguo funcionario de la Unidad Nacional de Protección, quien se supone era el enlace de los contratistas y arrendatarios de vehículos. Andrés Vaca, quien supuestamente era un amigo personal de Carlos Bermúdez y contactaba a los contratistas para recoger los sobornos.
Dentro de la solicitud de principio de oportunidad se señalaron a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación como; el jefe de transporte del ente, John Henry Porras Quitián, quien, de acuerdo con la declaración, les dio contratos sin el lleno de requisitos legales, presumiblemente a cambio de dinero.
El ingeniero mecánico Harold Rodríguez Castellanos, quien, según los declarantes entregaba fichas técnicas de los vehículos de la Fiscalía quería comprar e incluso permitía se modificaran estas especificaciones.
Asimismo, mencionaron a empresarios que se beneficiaron, uno de estos fue el japonés Shinobu Kataoka, quien ha sido presidente de Suzuki en Colombia. Durante la confesión se informó que el señor Kataoka les dio poder a los intermediarios para que adelantaran las contrataciones irregulares y entregaba dádivas a los funcionarios que lo favorecían.
Los hermanos Alejandro Salvino y Aldo Salvino de Blinsecurity que según ellos, tenían contacto directo con Julián Marulanda de la Unidad Nacional de Protección y eran favorecidos con los contratos de alquiler de blindados.
Luis Wilson Gonzáles, de GMW Blindajes, a quien acusan de haber sido beneficiado por favorecimientos de Julián Marulanda mientras estaba en la Unidad Nacional de Protección. El empresario Alan Perlman, quien aseguran se entrometía directamente en la contratación de la UNP.
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