Comunidades en Guainía están en riesgo por explotación ilegal de oro y coltán de grupos armados: Defensoría

La Defensoría del Pueblo emitió el lunes 27 de febrero la Alerta Temprana 03 de 2023 para advertir sobre el riesgo que padecen los habitantes de Guainía por las acciones de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con el organismo de control, esas organizaciones criminales están realizando actividades de explotación ilegal de oro y coltán.

“Encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. Así pues, el capital que obtienen con esas acciones “les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia”.

Ese poder les ayudaría a imponer el control territorial y social en el departamento. “Bajo ese contexto, la población civil está expuesta a graves vulneraciones de sus derechos fundamentales”, puntualizó el líder de la entidad.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), las zonas afectadas corresponden a las áreas no municipalizadas de Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. También está implicado el municipio de Inírida; en el casco urbano, zona del puerto, el resguardo El Paujil y los asentamientos informales.

“Por eso le solicito a los grupos armados organizados que detengan de inmediato sus acciones contra la población civil”, manifestó Camargo Assis y les pidió que se acojan a la propuesta de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. “Es una oportunidad para brindarle tranquilidad a las comunidades en estos territorios”, agregó.

La Defensoría precisó que en la zona tiene presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las antiguas Farc. Aunque también identificó que existe un interés en la zona por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).

La Alerta Temprana detalló que en el territorio hay población indígena de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los ríos Inírida, Atabapo y Guainía. “Son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados”, precisó el organismo de control en un comunicado.

Las personas que están en riesgo son también defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Asimismo, evidenció un incremento en el reclutamiento de ciudadanos venezolanos y de niñas, niños y adolescentes, que tienen una protección especial al ser menores de edad.

De hecho, en el caso de los migrantes, tanto la Defensoría como la Procuraduría General de la Nación han emitido distintas alertas sobre los riesgos que tiene esta población ante la presencia de grupos armados en sus caminos.

En las fronteras, por ejemplo, persisten problemáticas como la trata de personas, la xenofobia, la explotación sexual y laboral de menores de edad, el microtráfico y el abandono estatal. Si bien no es caso de Guainía, la mayor concentración de personas de origen venezolano o de Haití, Cuba y Afganistán es en Cúcuta (Norte de Santander) y en el Tapón del Darién.

Por otro lado, la entidad emitió 33 recomendaciones para distintas entidades estatales. Entre esas están las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, junto con la fuerza pública “para que tomen medidas urgentes de prevención con el propósito de que se disuada, mitigue o controle el riesgo para los habitantes de los municipios alertados.

Camargo recordó, a su vez, que el propósito de las alertas tempranas es eminentemente preventivo: “busca movilizar a toda la institucionalidad del Estado para evitar la consumación de los riesgos advertidos” en la población civil.