Una preocupante situación están viviendo las personas detenidas en el municipio de Pereira a raíz del hacinamiento que se está presentando en los distintos centros de detención temporal de la capital risaraldense.
Lo que estaría pasando en la ciudad del Eje Cafetero es que las Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) y varias estaciones de Policía estarían llegando a tener una cantidad muy superior de detenidos, un número mucho mayor al que están destinadas a albergar, precisamente el nivel de hacinamiento llegaría a ser superior al 200%.
Desde varios sectores señalan que lo que ocurre en la capital de Risaralda es que muchos condenados aún no han sido trasladados a la Cárcel La 40, centro penitenciario que recibe a los detenidos de la ciudad. Esto fue resaltado por la Personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas:
“La situación es compleja pero se están realizando mesas de trabajo con miras a que los condenados, como es el deber ser, vayan al centro penitenciario a cumplir sus condenas y de esa forma se descongestionen tanto las instalaciones como la UPPV y estaciones de Policía. Quedó el compromiso para que los privados de la libertad tengan garantías mínimas”
Esta situación ha generado la preocupación de sectores que temen que en los centros de detención puedan haber complicaciones sanitarias debido al reducido espacio y recursos con los que disponen. El problema no es exclusivo de este municipio de Risaralda, también han denunciado que en Santa Rosa de Cabal la estación tiene más de 50 detenidos, situación por lo que están solicitando servicios médicos para las personas hacinadas.
Lamentablemente este panorama no solo se presenta en Risaralda sino que es una problemática general en el país. El viernes 13 de enero, en medio de las sesiones en el Concejo de Bogotá, la cabildante de la Alianza Verde Lucía Bastidas hizo un llamado a la administración distrital de Claudia López para que tome medidas frente al desbordado hacinamiento que viven los privados de la libertad en los puestos de detención, hecho del cual se ha derivado una violación sistemática a sus derechos humanos.
Reiterando que Bogotá está de cara a una crisis de hacinamiento que trascendió los centros carcelarios y se extendió a otros equipamientos de justicia como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), se le pidió a la alcaldía buscar una solución en el mediano y largo plazo que pase por mejorar la infraestructura y garantizar los derechos de los privados de la libertad.
Citando las últimas cifras de la Personería de Bogotá, en 2022 el hacinamiento en los lugares de detención fue del 292% en 22 centros transitorios de la ciudad. En otras palabras, se están registrando casos en los cuales hay 3.177 personas detenidas en espacios donde por razones de infraestructura y equipamiento el cupo máximo es para 1.237. Y, adicionalmente, en estos momentos hay un total de 332 personas condenadas que no han sido trasladadas a un centro penitenciario.
Si bien es cierto que ante este panorama la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que habría un traslado masivo a centros penitenciarios de quienes ya tienen condena, la concejala destacó, no obstante, que se requiere urgentemente de la articulación interinstitucional a nivel distrital y nacional para solucionar la situación de quienes seguirán hacinados a largo plazo.
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