Trump quiere aumentar las desnaturalizaciones en EE. UU.

Un funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que daría prioridad a "quienes hayan obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense".

El gobierno de Donald Trump tiene previsto redoblar sus esfuerzos para privar de la ciudadanía a algunos estadounidenses naturalizados, según unas directrices internas obtenidas por The New York Times, que marcan una nueva y agresiva fase en la campaña de represión migratoria de la actual presidencia.

La directriz, emitida el martes a las oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), pide que "proporcionen a la Oficina de Litigios de Inmigración entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes" en el año fiscal 2026. Si los casos prosperan, representaría una escalada masiva de la desnaturalización en la era moderna, según dijeron los expertos. En comparación, entre 2017 y 2025, se han presentado poco más de 120 casos, según el Departamento de Justicia.

Según la ley federal, solo se puede desnaturalizar a una persona si ha cometido fraude al solicitar la ciudadanía o en otras circunstancias específicas. Pero el gobierno de Trump ha demostrado su afán por utilizar todas las herramientas a su alcance para perseguir a los migrantes legales e ilegales, lo que ha llevado a los activistas a advertir que una campaña de este tipo podría perjudicar a personas que hubieran cometido errores involuntarios en su documentación de ciudadanía y sembrar el miedo entre los estadounidenses que respetan la ley.

Las directrices surgen en un momento en que Trump ha pasado gran parte de este año cerrando vacíos legales en el sistema de migración y poniendo obstáculos a las personas que quieren entrar y permanecer en el país. La arrolladora campaña, que ha ido más allá de purgar el país de migrantes ilegales, ha incluido bloqueos al asilo en la frontera sur, una pausa en las solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos y una prohibición de entrada a los viajeros procedentes de naciones predominantemente africanas y de Medio Oriente. Los funcionarios afirman que sus medidas harán que el país sea más seguro y preservarán sus valores.

Una campaña dirigida a aumentar el número de migrantes estadounidenses despojados de su ciudadanía representa la escalada de una campaña ya de por sí ambiciosa.

"No es ningún secreto que la guerra contra el fraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos incluye dar prioridad a quienes han obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense, especialmente bajo el gobierno anterior", dijo Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS. "Llevaremos a cabo procedimientos de desnaturalización contra aquellas personas que mientan o tergiversen durante el proceso de naturalización. Esperamos seguir trabajando con el Departamento de Justicia para restablecer la integridad del sistema de migración estadounidense".

En entrevistas, algunos antiguos funcionarios de la agencia expresaron su preocupación por la magnitud de los objetivos de desnaturalización impulsados por la dirección del USCIS.

"Imponer objetivos numéricos arbitrarios a los casos de desnaturalización corre el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía", dijo Sarah Pierce, exfuncionaria del USCIS. "Y exigir cuotas mensuales 10 veces superiores al número total anual de desnaturalizaciones de los últimos años convierte una herramienta seria y poco frecuente en un instrumento contundente, y alimenta el miedo y la incertidumbre innecesarios para los millones de estadounidenses naturalizados".

Los partidarios de leyes de migración más estrictas dijeron que era necesario erradicar de manera más agresiva a quien se le hubiera concedido indebidamente la ciudadanía.

"No creo que estemos cerca de desnaturalizar a demasiada gente", dijo Mark Krikorian, director del Centro de Estudios sobre Inmigración, un grupo que favorece las políticas restrictivas de migración. Krikorian dijo que el país estaba "tan lejos de desnaturalizar" a suficientes personas como para que un esfuerzo de este tipo terminara afectando a quienes no deberían ser objeto de estas medidas.

Hay unos 26 millones de estadounidenses naturalizados en el país, según la Oficina del Censo. El año pasado prestaron juramento más de 800.000 nuevos ciudadanos, la mayoría nacidos en México, India, Filipinas, República Dominicana o Vietnam, según muestran las estadísticas del USCIS. La mayoría de las personas despojadas de su ciudadanía vuelven a ser residentes legales permanentes.

Las nuevas directrices del martes formaban parte de un documento en el que se exponían las prioridades del USCIS para el año fiscal 2026, que comenzó en octubre. Junto a objetivos como "ofrecer oportunidades para que los empleados den su opinión" y "reforzar la gestión de los casos de alto riesgo", figuraba "perseguir la desnaturalización".

Anteriormente, el Departamento de Justicia también había dicho que haría de la desnaturalización una prioridad este año. En un memorándum distribuido en verano, los funcionarios expusieron su planteamiento, diciendo que se centrarían en individuos de una serie de categorías más allá de cometer fraude en la obtención de la ciudadanía. Entre las categorías de personas elegibles figuran los miembros de bandas, quienes cometieron fraude financiero, individuos relacionados con cárteles de la droga y delincuentes violentos, según el departamento.

"La división civil dará prioridad y proseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas", escribió la agencia en junio.

El USCIS es un actor clave en el proceso de desnaturalización. La agencia remite los casos al Departamento de Justicia, que debe acudir a un tribunal federal para despojar a alguien de su ciudadanía. El proceso puede tener lugar mediante un procedimiento civil o penal. Durante un caso civil, los abogados del gobierno deben tener "pruebas inequívocas" de que alguien obtuvo la ciudadanía ilegalmente u ocultó un hecho material durante el proceso.

Como el gobierno debe pasar por un arduo proceso judicial, los casos de desnaturalización han sido escasos desde la década de 1990. Según un análisis de Bloomberg Law, los casos de desnaturalización presentados por el gobierno desde entonces alcanzaron su punto álgido en 2018, cuando se presentaron 90 causas penales y civiles. "La Corte Suprema ha declarado repetidamente que la ciudadanía y la naturalización son demasiado valiosas y fundamentales para nuestra democracia como para que el gobierno pueda quitárnoslas a su antojo. En lugar de malgastar recursos rebuscando en los expedientes de los estadounidenses, el USCIS debería hacer su trabajo de tramitar las solicitudes, como le encomendó el Congreso", dijo Amanda Baran, exalta funcionaria del USCIS en el gobierno de Biden.

Trump también intensificó las desnaturalizaciones en su primer mandato. En un caso muy publicitado, un hombre de Nueva Jersey nacido en India, Baljinder Singh, fue desposeído de su ciudadanía después de que el Departamento de Justicia descubriera que había llegado al país sin documentos de viaje ni prueba de identidad y que había utilizado un nombre diferente.

Este año, el Departamento de Justicia ha presentado 13 casos de desnaturalización y ha ganado ocho de ellos, según Chad Gilmartin, portavoz de la agencia. Gilmartin dijo en una publicación en las redes sociales a principios de año que se habían presentado más de 100 casos ante los tribunales durante el primer gobierno de Trump, frente a 24 durante el gobierno de Biden. En 2017, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no solo debe demostrar que alguien ha mentido durante el proceso de solicitud de ciudadanía, sino que la mentira ha tenido un impacto en la reclamación de ciudadanía subyacente.

Los expertos dijeron que, a pesar del aumento de las remisiones, el proceso para desnaturalizar a alguien posiblemente seguiría siendo bastante difícil, lo que plantea dudas sobre si el gobierno podrá tramitar muchos casos.

Sin embargo, algunos se mostraron preocupados por lo que podría presagiar la directriz.

"Mi temor es que, como hemos visto en el contexto de las detenciones y expulsiones, cuando a los empleados del DHS se les asignan objetivos arbitrarios, lo que ocurre es que se atrapa a personas que no deberían ser atrapadas, y que esto también ocurra en este contexto", dijo Margy O'Herron, investigadora principal del Centro Brennan, una organización no partidista de derecho y política. "Eso podría generar miedo y terror entre los ciudadanos naturalizados".

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y políticas de inmigración para el Times.