Una jueza federal ordenó la liberación del migrante salvadoreño y escribió que las acusaciones del Departamento de Justicia procedían de rumores y no tenían "ningún peso" legal.
A principios de junio, la fiscala general Pam Bondi dio a conocer la acusación contra Kilmar Armando Abrego Garcia, el migrante deportado por error a El Salvador, con un pronunciamiento: "Así es la justicia estadounidense".
Predijo que sería condenado fácilmente.
El domingo por la noche, 16 días después, una magistrada federal hizo una valoración muy distinta de las evidencias presentadas hasta el momento: el caso del departamento tenía graves problemas, se basaba en gran medida en tratos con múltiples informantes, incluía afirmaciones dudosas sobre sus acciones que rozaban la "imposibilidad física" y estaba plagado de testimonios de oídas.
La jueza, Barbara Holmes, ordenó la puesta en libertad de Abrego Garcia, pero admitió que era probable que fuera detenido por infracciones de migración mientras su caso avanzaba en los tribunales.
La decisión de denegar la petición del departamento de mantener a Abrego Garcia tras las rejas no fue la última palabra sobre el proceso penal, ni un juicio exhaustivo o definitivo sobre su culpabilidad o inocencia. Fue, no obstante, la primera vez que los cargos fueron sometidos a escrutinio judicial y un duro golpe al argumento central del gobierno de que Abrego Garcia representa un peligro para la comunidad.
Aunque Holmes no mencionó a Bondi por su nombre, su fallo de 51 páginas representó un rechazo a los esfuerzos de los funcionarios de alto rango del gobierno por desacreditar públicamente a Abrego Garcia al sugerir que era un destacado miembro de la violenta banda callejera MS-13 y que traficaba con mujeres y menores.
Los reproches judiciales se han convertido en algo habitual en un gobierno conflictivo, dirigido por un presidente empeñado en convertir los procedimientos judiciales, incluidos cuatro casos penales recientes, en forcejeos políticos.
Bondi, aliada política del presidente Donald Trump desde hace mucho tiempo, quien ha mostrado su disposición a ejecutar sus directrices sin aspavientos ni protestas, ha adoptado ese enfoque. Ha hecho caso omiso de las normas departamentales para lanzar terribles acusaciones públicas contra Abrego Garcia sin detallar primero las evidencias en los expedientes judiciales, o mediante el testimonio jurado de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.
Las acciones de la fiscala general están en consonancia con lo que desea su jefe. Trump dejó claras sus preferencias a principios de este mes, en que Abrego Garcia fue devuelto a suelo estadounidense, al describir el proceso de imputarlo y repatriarlo no como un acto de ley, sino casi como una forma de avergonzarlo públicamente.
"El hombre tiene un pasado horrible", les dijo Trump a los periodistas, "y pude ver que se tomaba una decisión: 'Tráiganlo de vuelta, muéstrenle a todo el mundo lo horrible que es este tipo'".
La fiscala general ha intentado justificar la deportación de Abrego Garcia al presentarlo como una amenaza pública, incluso cuando funcionarios del gobierno reconocieron que acabó en una prisión de mala reputación de El Salvador en marzo debido a un "error administrativo". Bondi, durante una breve comparecencia en el departamento el 6 de junio para anunciar la apertura del acta de acusación, acusó a Abrego Garcia de comerciar con "la inocencia de niños menores a cambio de ganancias" y de abusar de "mujeres extranjeras indocumentadas".
Pero Holmes puso en duda esas acusaciones en su decisión, al escribir que los alegatos procedían de "al menos tres, si no cuatro o más, niveles de testimonios de oídas" y no tenían "ningún peso" legal.
"El hecho de que ni siquiera pueda determinarse el nivel de los testimonios de oídas hace que las evidencias sean manifiestamente poco fiables", añadió.
Las afirmaciones de Bondi se basaban en la información presentada en un memorándum de la fiscalía del distrito central de Tennessee que abogaba por la detención de Abrego Garcia. Según funcionarios del Departamento de Justicia, este tipo de documentos exigen un nivel de pruebas inferior al de una acusación penal.
Chad Gilmartin, portavoz del departamento, dijo que Bondi creía que las evidencias de oídas, aunque no resultaban concluyentes, sugerían que Abrego Garcia suponía una grave amenaza para la seguridad pública.
"Sería muy preocupante", dijo, si el hecho de tener "acusaciones que implican daños a niños menores ya no convierte al acusado en un peligro para la comunidad".
Holmes también discrepó del argumento central del gobierno que describe a Abrego Garcia como un delincuente peligroso. Criticó el testimonio de Peter Joseph, agente de Seguridad Nacional, quien subió al estrado durante una audiencia de detención de un día, una semana después, para acusar a Abrego Garcia de traficar con inmigrantes, incluidos menores.
Las evidencias presentadas por los fiscales, escribió Holmes, respaldaban alegatos más rutinarios de que Abrego Garcia participaba en la práctica más habitual, aunque aún ilegal, de pasar de contrabando a migrantes indocumentados que pretendían trasladarse a distintas partes del país.
"Para ser claros, los delitos de los que se acusa a Abrego son contrabando de seres humanos, no trata de seres humanos", escribió. "Aunque 'contrabando' y 'trata' se utilizaron a veces indistintamente durante la audiencia de detención, existe una clara diferencia entre ambos según la ley. No son intercambiables".
La sentencia, emitida a última hora del domingo, hizo poco por desviar al gobierno de su postura inflexible sobre el caso.
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, calificó al salvadoreño de "peligroso delincuente extranjero ilegal" en un mensaje publicado en las redes sociales después de que Holmes diera a conocer su dictamen.
"Lo hemos dicho durante meses, y aún es cierto el día de hoy", añadió McLaughlin. "Nunca saldrá libre en suelo estadounidense".
El nuevo equipo jurídico de Abrego Garcia, el cual incluye a un exfiscal de la misma fiscalía estadounidense que presentó la acusación contra él, parece estar muy consciente de estos ataques extrajudiciales contra su cliente.
Y el lunes devolvieron el golpe a McLaughlin, al fustigarla en una nueva presentación judicial en la que pedían a Holmes que no suspenda su orden de poner en libertad al acusado mientras el gobierno la apelaba.
El escrito señalaba que los fiscales se habían esforzado mucho por hacer favores a algunos de los testigos colaboradores que les habían ayudado a conseguir los cargos contra Abrego Garcia. Incluso daba una vuelta de tuerca más al cuchillo, al señalar que los favores estaban relacionados con ayudar a los testigos a evitar las consecuencias de su propia migración ilegal.
"Es notable que, en su intento de mantener a Abrego tras las rejas, el gobierno ya haya prometido clemencia a tres personas en sus procedimientos de migración, entre ellas el líder y un miembro de una operación de contrabando doméstico", escribieron los abogados. "El primero ha sido deportado cinco veces y tiene dos condenas previas por delitos graves y, sin embargo, el gobierno le ha concedido la acción diferida sobre la deportación a cambio de su testimonio, la excarcelación anticipada en un centro de reinserción social y es probable que le conceda la autorización de trabajo".
"Todo para garantizar", añadieron los abogados, "que Abrego 'nunca saldrá libre en suelo estadounidense'".
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
