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El máximo tribunal refrendó parte de la orden de una jueza de primera instancia que había requerido al gobierno que "facilitara y efectuara el regreso" de Kilmar Armando Abrego Garcia, expulsado a una prisión de El Salvador.
El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno que emprenda medidas para traer de vuelta a un migrante salvadoreño deportado erróneamente a una conocida prisión de El Salvador.
En una orden sin firmar, el tribunal no llegó a ordenar la devolución del migrante, Kilmar Armando Abrego Garcia, indicando que los tribunales podrían no estar facultados para exigir al poder ejecutivo que lo haga.
Pero el tribunal refrendó parte de la orden de una jueza de primera instancia que había requerido al gobierno que "facilitara y efectuara el regreso" de Abrego Garcia.
"La orden exige adecuadamente al gobierno que 'facilite' la puesta en libertad de Abrego Garcia en El Salvador y que garantice que su caso se tramite como habría sucedido de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador", decía la sentencia de la Corte Suprema. "Sin embargo, el alcance previsto del término 'efectuar' en la orden del tribunal de distrito no está claro, y puede exceder la autoridad del tribunal de distrito".
El caso volverá ahora al tribunal de primera instancia, y no está claro si Abrego Garcia será devuelto a Estados Unidos ni cuándo.
"El tribunal de distrito debe aclarar su directiva, teniendo debidamente en cuenta la deferencia debida al poder ejecutivo en la dirección de los asuntos exteriores", continúa la sentencia de la Corte Suprema. "Por su parte, el gobierno debe estar dispuesto a compartir lo que pueda sobre las medidas que ha adoptado y la perspectiva de nuevas medidas".
El fallo parecía unánime. Pero la jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitió una declaración en la que criticaba duramente la conducta del gobierno y decía que ella habría confirmado cada parte de la orden de la jueza de primera instancia.
"Hasta la fecha", escribió Sotomayor, "el gobierno no ha citado ningún fundamento jurídico para la detención sin orden judicial de Abrego García, su traslado a El Salvador o su reclusión en una prisión salvadoreña. Ni podría hacerlo".
Sotomayor instó a la jueza de primera instancia, Paula Xinis, del Tribunal Federal de Distrito de Maryland, a "seguir garantizando que el gobierno cumple su obligación de respetar la ley".
Andrew Rossman, uno de los abogados de Abrego Garcia, expresó su satisfacción por la actuación de la Corte Suprema.
"Hoy ha ganado el Estado de derecho", dijo. "Es hora de traerlo a casa".
La esposa de Abrego Garcia describió el efecto que el caso ha tenido en su familia y dijo que seguiría persiguiendo su regreso a Estados Unidos.
"Esto sigue siendo una montaña rusa emocional para mis hijos, la madre de Kilmar y sus hermanos", dijo el jueves Jennifer Stefania Vasquez Sura, su esposa, y añadió que "seguiré luchando hasta que mi esposo esté en casa".
Xinis había dicho que el gobierno de Donald Trump cometió un "grave error" que "sacude la conciencia" al enviar a Abrego Garcia a El Salvador a pesar de la resolución de un juez de inmigración que en 2019 le había concedido un estatus especial conocido como "retención de expulsión", en consideración de que podría sufrir violencia o tortura si se le enviaba a El Salvador.
El gobierno sostiene que Abrego Garcia, de 29 años, es miembro de una violenta banda callejera transnacional, la MS-13, que las autoridades designaron recientemente como organización terrorista.
Xinis, que fue nombrada por el presidente Barack Obama, dijo que esas afirmaciones se basaban en "una única acusación sin fundamento".
"La 'evidencia' contra Abrego Garcia consistía en nada más que su gorra y sudadera de los Chicago Bulls", escribió, "y una afirmación vaga y sin corroborar de un informante confidencial que aseguraba que pertenecía a la camarilla 'occidental' de la MS-13 en Nueva York, un lugar en el que nunca ha vivido".
En el recurso de urgencia interpuesto por el gobierno, el cual buscaba bloquear la orden de Xinis, D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, dijo que Xinis se había extralimitado en sus facultades al emprender una "diplomacia de tribunal de distrito", porque conseguir la liberación de Abrego Garcia requeriría colaborar con el gobierno de El Salvador.
"Si este precedente se mantiene", escribió, "otros tribunales de distrito podrían ordenar a Estados Unidos que negociara con éxito la devolución de otros extranjeros expulsados en cualquier parte del mundo antes del cierre de horario de operación", escribió. "Según esa lógica, los tribunales de distrito tendrían efectivamente jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con todo el mundo".
En una respuesta al tribunal, los abogados de Abrego Garcia dijeron que su cliente "se encuentra en una prisión extranjera únicamente a instancias de Estados Unidos, como producto de un error kafkiano".
Y añadieron: "La orden del tribunal de distrito que requiere al gobierno que facilite el regreso de Abrego Garcia es rutinaria. En ningún caso implica política exterior ni siquiera política interna de inmigración".
Sauer dijo que no importaba que un juez de inmigración hubiera prohibido previamente la deportación de Abrego Garcia a El Salvador.
"Aunque Estados Unidos admite que la expulsión a El Salvador fue un error administrativo" --escribió Sauer--, "eso no autoriza a los tribunales de distrito a apoderarse del control de las relaciones exteriores, tratar al poder ejecutivo como a un diplomático subordinado y exigir que Estados Unidos deje entrar esta noche a América a un integrante de una organización terrorista extranjera".
Los abogados de Abrego Garcia dijeron que no había pruebas de que supusiera un riesgo.
"Abrego Garcia ha vivido libremente en Estados Unidos durante años, y sin embargo nunca ha sido acusado de un delito", escribieron. "La afirmación del gobierno de que se ha transformado repentinamente en una amenaza peligrosa para la república no es creíble".
Sauer dijo que la orden de la jueza Xinis formaba parte de una serie de resoluciones de tribunales que se extralimitan en su autoridad constitucional.
"Es la más reciente de una letanía de mandamientos judiciales u órdenes de alejamiento temporal del mismo puñado de tribunales de distrito que exigen el cumplimiento inmediato o casi inmediato, en plazos absurdamente breves", escribió.
En su declaración del jueves, la jueza Sotomayor escribió que sería vergonzoso "dejar a Abrego Garcia, esposo y padre sin antecedentes penales, en una prisión salvadoreña sin ningún motivo reconocido por la ley".
Añadió que la postura del gobierno "implica que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que pueda intervenir un tribunal".
"Ese punto de vista", escribió la jueza, "se refuta a sí mismo".
Alan Feuer y Aishvarya Kavi colaboraron con la reportería.
Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002.
Alan Feuer y Aishvarya Kavi colaboraron con la reportería.
