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La mayoría de los jueces concluyó que los migrantes venezolanos habían presentado sus apelaciones ante el tribunal equivocado, pero que tenían derecho a una oportunidad de impugnar su expulsión.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que por ahora el gobierno de Donald Trump podía seguir deportando a migrantes venezolanos utilizando una ley de poderes de guerra, anulando así un tribunal inferior que había pausado temporalmente las deportaciones.
La decisión supone una victoria para el gobierno de Trump, aunque el fallo no abordó la constitucionalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a los migrantes a una prisión de El Salvador. En su lugar, los jueces emitieron un fallo procesal limitado, afirmando que los abogados de los migrantes habían presentado la demanda ante el tribunal equivocado.
Los jueces dijeron que la demanda debió presentarse en Texas, donde se retiene a los venezolanos, y no en un tribunal de Washington.
Los nueve jueces coincidieron en que los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos debían recibir una notificación previa y la oportunidad de impugnar su deportación antes de que pudieran ser expulsados, según escribió el juez Brett Kavanaugh en una opinión concurrente.
La división entre los jueces del tribunal versaba sobre el lugar --y la forma-- en que debería ocurrir eso.
"A los detenidos se les confina en Texas, por lo que la jurisdicción del Distrito de Columbia es improcedente", según la orden del tribunal, que era breve y no estaba firmada, como es habitual en este tipo de solicitudes de emergencia.
Los jueces ordenaron que se informe a los migrantes venezolanos de que están sujetos a expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros "en un plazo razonable" para que puedan impugnar su expulsión antes de ser deportados. Esta decisión podría imponer nuevas e importantes restricciones a la forma en que el gobierno de Trump intente utilizar dicha ley en el futuro.
El presidente Trump escribió en las redes sociales que consideraba la decisión como una victoria.
"La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestro País al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras Fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio País", publicó Trump en su cuenta Truth Social. "¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN AMÉRICA!".
La jueza Sonia Sotomayor escribió en disidencia que la conclusión jurídica de la mayoría era "sospechosa", y añadió que la corte había intervenido para conceder al gobierno un "alivio extraordinario" sin mencionar "el grave daño" al que se enfrentarían los migrantes si fueran "erróneamente expulsados a El Salvador".
"La corte no debe recompensar los esfuerzos del gobierno por erosionar el Estado de derecho", escribió Sotomayor.
Las otras dos jueces liberales de la Corte, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se unieron a ella en su disidencia. La juez Amy Coney Barrett coincidió parcialmente con ellas.
En un voto de disidencia aparte, Jackson criticó duramente la decisión de la corte de actuar con el expediente de urgencia, un procedimiento mediante el cual los casos suelen juzgarse rápidamente y sin alegatos orales ni informes completos.
"Al menos, cuando la corte se equivocó en el pasado, dejó constancia de ello para que la posteridad pudiera ver cómo se equivocó", escribió Jackson, mencionando el caso Korematsu contra Estados Unidos, una famosa decisión de la Corte Suprema de 1944 que confirmaba el internamiento forzoso de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
"Con cada vez más de nuestras sentencias más significativas teniendo lugar en las sombras de nuestro expediente de urgencia, la corte actual deja cada vez menos huella", escribió Jackson. "Pero no nos equivoquemos: estamos tan errados ahora como lo hemos estado en el pasado, con consecuencias igualmente devastadoras".
Los abogados de los migrantes que impugnaban sus deportaciones expresaron estar "decepcionados" por tener que "volver a empezar el proceso judicial" en un tribunal distinto, pero consideraron la sentencia como una victoria, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Gelernt dijo que "el punto crítico es que la Corte Suprema rechazó la postura del gobierno de que ni siquiera tiene que dar a los individuos un preaviso significativo para que puedan impugnar su expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros".
Y añadió: "Es una gran victoria".
El caso es quizá el más destacado de los nueve recursos de urgencia que el gobierno de Trump ha presentado hasta ahora ante la Corte Suprema, y presenta un choque frontal entre los poderes judicial y ejecutivo.
El actual gobierno había pedido a los jueces que se pronunciaran sobre su intento de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798, para deportar a más de 100 venezolanos que, según afirma, son miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla callejera arraigada en Venezuela. El gobierno argumenta que sus expulsiones están permitidas en virtud de la ley, que otorga al presidente autoridad para detener o deportar a ciudadanos de naciones enemigas. El presidente puede invocar la ley en tiempos de "guerra declarada" o cuando un gobierno extranjero invade Estados Unidos.
El 14 de marzo, Trump firmó una proclamación contra los miembros del Tren de Aragua, afirmando que se estaba produciendo una "invasión" y una "incursión depredadora". En la proclamación, Trump afirmó que la pandilla estaba "emprendiendo acciones hostiles" contra Estados Unidos "bajo la dirección, clandestina o no", del gobierno venezolano.
Los abogados que representan a algunos de los afectados impugnaron la orden ante un tribunal federal de Washington.
Ese mismo día, se trasladaron vía aérea a migrantes venezolanos a El Salvador, país que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Trump para acogerlos y detenerlos.
Un juez federal, James Boasberg, ordenó al gobierno que detuviera los vuelos. Posteriormente, emitió una orden escrita por la que suspendía temporalmente el plan de la gestión Trump mientras proseguía el proceso judicial.
El gobierno impugnó la orden de suspensión temporal de Boasberg, y un panel dividido de tres jueces del tribunal de apelaciones de Washington dio la razón a los migrantes, manteniendo la pausa. Un juez escribió que el plan de deportación del gobierno había negado a los venezolanos "siquiera una fina hebra de debido proceso".
En ese momento, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera, argumentando en su solicitud que el caso planteaba "cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones delicadas relacionadas con la seguridad nacional en este país".
Los abogados de los migrantes respondieron con dureza, argumentando que la pausa temporal del juez Boasberg era "lo único" que impedía que el gobierno enviara a los migrantes "a una prisión de El Salvador, quizá para no volver a verlos nunca más, sin ningún tipo de protección procesal, y mucho menos de revisión judicial".
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward, los grupos que representan a los migrantes venezolanos, dijeron que el presidente había torcido la ley en un "esfuerzo por meter con calzador a una pandilla delictiva" en la ley de tiempos de guerra de una manera que era "completamente contraria a la limitada delegación de autoridad que el Congreso decidió otorgarle mediante la ley en tiempos de guerra".
Los abogados de los migrantes dijeron que los deportados enviados a El Salvador "han sido confinados, incomunicados, en una de las prisiones más brutales del mundo, donde la tortura y otros abusos contra los derechos humanos son rampantes".
El gobierno de Trump replicó el miércoles en un escrito en el que afirmaba que el gobierno no negaba que los migrantes venezolanos debieran recibir una "revisión judicial".
"Obviamente la tienen", escribió la procuradora general interina de Estados Unidos, Sarah Harris.
El gobierno argumentó más bien que "las cuestiones apremiantes en este momento son 'cuestiones de procedimiento' sobre dónde y cómo deben impugnar los detenidos sus designaciones como extranjeros enemigos". Harris argumentó que los migrantes deberían haber presentado su impugnación legal en Texas, donde habían sido detenidos antes de los vuelos de deportación, y no en Washington.
Pidió a los jueces que levantaran el bloqueo temporal de la orden de Trump, calificando la pausa de "tiempo intolerablemente largo para que un tribunal bloquee la realización de operaciones de política exterior y de seguridad nacional por parte del ejecutivo".
Harris afirmó que los abogados de los migrantes habían ofrecido una narrativa "sensacionalista".
Añadió que el gobierno negaba que los migrantes pudieran sufrir torturas en El Salvador, y escribió que la postura del gobierno es "aborrecer la tortura, no invitar a la brutalización."
Alan Feuer colaboró con reportería.
Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene experiencia amplia como reportera de investigación. Más de Abbie VanSickle
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