United States Politics and GovernmentDeportationIllegal ImmigrationTemporary Protected Status (US Immigration)Refugees and Displaced PersonsVenezuelan-AmericansVenezuelaHaiti
Los venezolanos con Estatus de Protección Temporal están desafiando los esfuerzos del gobierno de Trump por poner fin al programa para muchos migrantes.
Cientos de miles de migrantes venezolanos podrán quedarse en Estados Unidos sin riesgo de deportación, después de que un juez federal de San Francisco retrasara el lunes las medidas del gobierno de Donald Trump que derogaban un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés).
El juez Edward M. Chen consideró que las decisiones tomadas en febrero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de finalizar la iniciativa para casi 350.000 personas a principios de abril infligirían un daño irreparable a las familias, costarían miles de millones a las empresas e industrias estadounidenses en actividad económica y perjudicarían la salud y la seguridad de las comunidades de todo el país. El juez impidió que las medidas entraran en vigor esta misma semana, mientras se tramita en su tribunal una demanda que impugna las medidas.
El programa de Estatus de Protección Temporal, aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes procedentes de países que han sufrido catástrofes nacionales, conflictos armados u otro tipo de inestabilidad extraordinaria vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Ha sido un objetivo del presidente Trump durante sus dos mandatos. Más recientemente, funcionarios del gobierno actual han intentado poner fin a las protecciones del TPS para muchos migrantes venezolanos y haitianos, mientras Trump intenta cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes de Estados Unidos.
En febrero, el gobierno revocó una prórroga de 18 meses de la protección del TPS para los venezolanos, concedida bajo el gobierno de Biden, y puso fin al TPS para los venezolanos que se registraron inicialmente para obtener el estatus en 2023. Posteriormente, anuló parcialmente otra prórroga de 18 meses que el gobierno de Biden había concedido a migrantes haitianos.
Las acciones habrían puesto fin a la iniciativa para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En una audiencia celebrada este mes, los demandantes --una organización de defensa de los migrantes y un grupo de titulares de TPS venezolanos-- afirmaron que Noem había violado los procedimientos administrativos y actuado con prejuicios raciales al revocar las prórrogas de las protecciones concedidas bajo el gobierno de Joe Biden. Los funcionarios federales rebatieron las acusaciones de discriminación y dijeron que Noem había actuado dentro de sus competencias para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.
En su sentencia del lunes, el juez Chen dijo que el gobierno no había "identificado ningún daño compensatorio real" en la continuación del programa para los titulares venezolanos del TPS. Dijo que los demandantes también habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las medidas adoptadas por Noem "no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y caprichosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional".
Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times, estuvo cubriendo la campaña presidencial de 2024. Está radicada en Washington. Más de Jazmine Ulloa
