Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPUnited States Politics and GovernmentExecutive Orders and MemorandumsLegal ProfessionTrump, Donald J
Dos jueces prohibieron al gobierno llevar a cabo los castigos descritos en las órdenes, como prohibir a sus abogados el acceso a edificios gubernamentales, reuniones o puestos de trabajo.
El viernes, jueces federales asestaron un doble golpe a la campaña de represalias del presidente Trump al dictar órdenes de restricción temporal que bloquean gran parte de sus órdenes ejecutivas dirigidas contra dos importantes bufetes de abogados que participaron en investigaciones sobre él, Jenner & Block y WilmerHale.
Las sentencias prohibieron al gobierno llevar a cabo los castigos descritos en las órdenes ejecutivas, como prohibir a sus abogados el acceso a edificios gubernamentales, reuniones o puestos de trabajo.
Trump arremetió contra Jenner & Block porque, en su día, el bufete empleó a un abogado que pasó a formar parte del equipo del fiscal especial que investigó a Trump en su primer mandato. Pero el juez John Bates, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, discrepó de la orden de Trump porque también castigaba al bufete por su trabajo pro bono, una característica común de muchos grandes bufetes de abogados para proporcionar representación legal a clientes impopulares o pobres.
Bates dijo que esa medida le parecía "inquietante" y "preocupante".
Poco después de la sentencia de Bates, otro juez del mismo tribunal, Richard Leon, emitió una orden de restricción temporal similar contra una orden ejecutiva de Trump dirigida a otro bufete, WilmerHale, donde Robert Mueller trabajó antes y después de ejercer como fiscal especial en la investigación Trump-Rusia.
Los jueces dejaron vigentes las partes de las órdenes del presidente que retiraban las autorizaciones de seguridad a los abogados de los bufetes.
Jenner & Block y WilmerHale habían presentado demandas ante un tribunal federal de Washington el viernes por la mañana. Ahora ellas y un tercer bufete, Perkins Coie, han obtenido las primeras victorias en los tribunales.
En un comunicado, WilmerHale declaró que la decisión del juez "reivindica nuestros derechos fundacionales y los de nuestros clientes en virtud de la Primera Enmienda".
Sin embargo, está surgiendo una división en el sector jurídico, que se debate sobre cómo responder al ataque polifacético de Trump contra los bufetes que acusa de actuar de forma poco ética. En particular, ha tratado de castigar a los bufetes que han contratado a abogados que alguna vez también trabajaron en investigaciones y procesamientos en su contra. Algunos han intentado llegar a acuerdos con él, lo que ha provocado la condena de otros profesionales del sector.
Previamente, el viernes, el presidente Trump dijo que el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom proporcionaría 100 millones de dólares en trabajo pro bono en asuntos que él apoya, adelantándose a una esperada orden ejecutiva similar a las que dirigió a los otros bufetes.
"Se trata básicamente de un acuerdo", dijo Trump. "Agradecemos que Skadden haya acudido a negociar, como saben otros bufetes han llegado igualmente a un acuerdo sobre el caso. Es una vergüenza lo que ha ocurrido".
La Casa Blanca ha señalado que hay más bufetes en el punto de mira del presidente, sobre todo los que emplean a abogados que han trabajado en investigaciones sobre Trump o en causas a las que sus partidarios se oponen.
Un socio ejecutivo de Skadden, Jeremy London, dijo en un comunicado que el bufete "se comprometió proactivamente con el presidente Trump y su equipo a trabajar juntos de forma constructiva para alcanzar este acuerdo", y añadió que esperaba mantener una "relación productiva". Y continuó: "Creemos firmemente que este resultado redunda en beneficio de nuestros clientes, nuestro personal y nuestro bufete".
El presidente también hizo público un comunicado del bufete, en el que declaraba su "firme compromiso de poner fin al uso del sistema judicial y de la profesión jurídica como armas".
Skadden Arps optó por seguir un camino similar al de otro gran bufete, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison, al llegar a un acuerdo, en lugar de luchar en los tribunales.
La campaña del presidente contra los grandes bufetes, alimentada por su ira contra los abogados a los que culpa personalmente de sus problemas legales, ha enviado ondas de choque a través de la profesión y ha provocado un intenso debate entre los abogados sobre si luchar por principios o negociar.
El acuerdo con Skadden Arps sugiere que la negociación puede resultar más costosa. Paul Weiss dijo que aportaría 40 millones de dólares en trabajo pro bono, mientras que el acuerdo con Skadden Arps duplica con creces esa cantidad. Los acuerdos también han sido objeto de críticas mordaces por parte de la comunidad jurídica, que los considera una capitulación innecesaria en casos en los que los bufetes tienen la ley de su parte.
El jueves, tras conocerse la noticia de que Skadden intentaba llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump, un grupo de antiguos alumnos --todos ellos parte del prestigioso programa de becas de interés público del bufete-- empezó a distribuir una carta. En ella se instaba a la dirección del bufete a "tomar todas las medidas necesarias para resistirse a las injerencias ilegales en el Estado de derecho, luchar contra cualquier acción injusta" y "hablar públicamente sobre el papel fundamental y no partidista de los abogados en la defensa de la democracia", según una copia de la carta revisada por The New York Times.
La carta, que los organizadores esperan entregar a la dirección de Skadden, ha reunido casi 400 firmas, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Trump dijo que Skadden Arps prestaría servicios jurídicos a veteranos, miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, personal de emergencia y funcionarios de la administración estatal y local. Su trabajo pro bono, dijo la Casa Blanca, también implicaría cuestiones jurídicas relacionadas con el antisemitismo, y que, en general, dicho trabajo "representará a todo el espectro político".
Durante meses, el presidente ha arremetido contra los bufetes que, según dijo, se negaban a representar a los conservadores o sus causas. Sus órdenes ejecutivas pretenden obligarles a hacerlo.
Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, Skadden Arps "no denegará la representación a clientes, como los miembros de grupos políticamente marginados, que históricamente no han recibido representación legal de los principales bufetes nacionales" debido a las opiniones políticas de los abogados del bufete.
El miércoles, el presidente se jactó de su historial de doblegar a los grandes bufetes de abogados.
"Todos se inclinan y dicen: 'Señor, muchas gracias'", dijo Trump, y añadió que preguntaban: "'¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?'".
Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess colaboraron con reportería desde Nueva York.
Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times. Más de Devlin Barrett
Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess colaboraron con reportería desde Nueva York.
