SmugglingUnited States Politics and GovernmentIllegal ImmigrationHuman TraffickingDecisions and VerdictsDrug CartelsGonzales-Ortega, ArmandoOrduna-Torres, FelipeTrump, Donald JSan Antonio (Tex)
El juicio de San Antonio puso de manifiesto los peligros mortales del tráfico de personas, mientras el presidente corta las rutas de entrada al país y persigue a los traficantes.
Tras casi tres horas de deliberaciones, un jurado de San Antonio condenó el martes a dos hombres por su participación en la muerte de 53 migrantes indocumentados, 47 adultos y seis niños, uno de los incidentes de tráfico de migrantes más mortíferos de la historia del país.
Los dos acusados, Armando Gonzales-Ortega, de 54 años, y Felipe Orduna-Torres, de 29, a quienes se acusaba de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte, se enfrentan a penas de cadena perpetua. Está previsto que sean sentenciados el 27 de junio, tres años después de aquel fatídico viaje.
El juez que presidía el caso, Orlando Garcia, dijo a los hombres que contaba un total de 54 muertes porque una de las víctimas estaba embarazada en aquel momento.
El proceso ha puesto de relieve los peligros mortales del tráfico de personas en un momento en que el presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas contra el sistema de asilo y tratando de cerrar la frontera. Trump también ha aceptado lo que ha denominado el lado humanitario de su mano dura contra la migración, deteniendo a los líderes de los cárteles y a los traficantes que lucran con el transporte de migrantes indocumentados a Estados Unidos.
El terrible juicio de San Antonio puso de relieve los peligros de dicho tráfico, incluso cuando las políticas del presidente pueden hacer que esas engañosas vías de entrada sean más rentables para los traficantes, conocidos como coyotes.
Los acusados no mostraron ninguna emoción mientras el jurado leía el veredicto.
El 27 de junio de 2022, el escalofriante grito de una joven condujo a los testigos al espeluznante descubrimiento de 53 migrantes muertos y moribundos que habían quedado atrapados en el sofocante interior de un camión sin aire acondicionado en pleno calor abrasador de Texas. Las temperaturas en el interior del camión de unos 16 metros habían alcanzado los 65 grados, según dijeron las autoridades.
Durante las dos semanas que duró el juicio, el jurado vio decenas de mensajes de WhatsApp que relacionaban a los hombres con una extensa red de traficantes que se extendía desde Texas hasta Guatemala, y escuchó emotivos testimonios de testigos, agentes de la ley y sobrevivientes. (Once migrantes sobrevivieron a las sofocantes temperaturas del remolque).
Ninguno de los hombres fue acusado de conducir el camión ni de estar presente en el lugar donde se descubrió en Quintana Road, en las afueras de San Antonio.
El jurado también vio imágenes de video de policías que intentaban frenéticamente ayudar a los sobrevivientes entre los montones de cadáveres gravemente quemados que había en el camión y sus alrededores, que fue abandonado por los traficantes en cuanto se dieron cuenta de lo ocurrido. Las víctimas procedían de Guatemala, México y Honduras.
Tras el veredicto del jurado, funcionarios federales de San Antonio dijeron a los periodistas que procesarían a todas y cada una de las personas implicadas en las muertes.
"El desprecio por la vida humana muestra cómo los traficantes de personas dan prioridad al dinero y a las ganancias", dijo Craig Larrabee, agente especial encargado de las Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.
Durante el alegato final, que duró una hora, Eric Fuchs, ayudante del fiscal estadounidense, mostró a los miembros del jurado las pruebas que demostraban que ambos acusados trabajaron entre bastidores para transportar a los migrantes de Laredo, Texas, a San Antonio. Señaló más de 400 comunicaciones, incluidos mensajes de texto y llamadas telefónicas.
"Cuando los hechos coinciden con la ley, es su deber declarar culpables a los acusados. Cuando se examinan todas las pruebas, se sabe que eso es exactamente lo que hemos hecho aquí", dijo. "Es abrumador".
Edgardo Rafael Baez, abogado de los acusados, dedicó 40 minutos durante los alegatos finales a argumentar que la acusación carecía de pruebas fundamentales, como huellas dactilares, videos y grabaciones, que conectaran a sus clientes con el crimen.
"Si examinan las pruebas, podrán ver las lagunas del caso", dijo Baez al jurado.
El incidente, que el presidente Joe Biden describió en su momento como "espantoso y desgarrador", se produjo en medio de una oleada migratoria sin precedentes, procedente en su mayoría de Venezuela, pero también de otras partes del mundo, en un intento de huir de la represión política, la recesión económica y la violencia en sus países.
Miles de personas llegaban diariamente, desbordando las ciudades fronterizas y los centros urbanos demócratas como Nueva York, Chicago y Denver, antes de que los cruces ilegales disminuyeran en 2024 hasta alcanzar su nivel más bajo en décadas.
En el punto álgido de la crisis, muchos de los migrantes se entregaron a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y pidieron asilo. Pero otros, que sabían que no serían admitidos legalmente, recurrieron a violentas organizaciones de tráfico. Los cárteles de la droga, que trataban de diversificar sus fuentes de ingresos a medida que se atacaba su comercio de fentanilo y otras drogas, asumieron un papel importante en esas operaciones.
Al menos cuatro personas de las más de una decena que han sido acusadas en relación con el caso se han declarado culpables. Entre ellos, Homero Zamorano hijo, quien admitió ante las autoridades que era el conductor del tractocamión. Otros se enfrentan a cargos en Guatemala.
Dos de los cómplices de los acusados que aceptaron testificar en el caso dijeron al jurado que la red funcionaba como si fuera una empresa, con tres niveles distintos de responsabilidades.
Conductores como Zamorano se consideraban en la base. Gonzales-Ortega era uno de los coordinadores de la red, quien supervisaba la contratación de los conductores y vigilaba los camiones durante los viajes. Orduna-Torres era un organizador, considerado en el escalón superior de la red, quien decidía cuándo trasladar la carga humana y dirigía a los coordinadores.
Poco después de iniciar su segundo mandato, Trump designó a muchas bandas, cárteles y grupos de traficantes como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que da al gobierno federal más libertad para imponer sanciones económicas a quienes dirigen el crimen organizado y a los actores relacionados con ellos.
Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México. Está radicado en San Antonio. Más de Edgar Sandoval
