Los últimos indultos de Biden buscan frustrar la campaña de represalias que Trump prometió

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Los indultos fueron un notable epílogo para la carrera política de medio siglo de Biden, subrayando la desconfianza y el enfado que el mandatario siente hacia Trump, el hombre que le precedió y le sucederá en el cargo.

El lunes, en sus últimas horas en el cargo, el presidente Joe Biden concedió una oleada de indultos preventivos para proteger a miembros de su propia familia, y a otras personalidades importantes, de la prometida campaña de "represalias" de su sucesor, Donald Trump.

En lo que es visto como un esfuerzo extraordinario de un presidente saliente por desbaratar las acusaciones políticas de un presidente entrante, Biden indultó a cinco miembros de su familia, entre ellos sus hermanos James B. Biden y Francis W. Biden, así como a otras personas señaladas por Trump como el general Mark Milley, Anthony S. Fauci y la exrepresentante Liz Cheney.

"Creo en el Estado de derecho y soy optimista respecto a que la fortaleza de nuestras instituciones legales terminará prevaleciendo sobre la política", dijo Biden en un comunicado. "Pero estas son circunstancias excepcionales, y no puedo no hacer nada. Las investigaciones infundadas y políticamente motivadas causan estragos en la vida, la seguridad y la solvencia económica de personas concretas y sus familias".

"Incluso cuando los individuos no han hecho nada malo --y de hecho han hecho lo correcto-- y serán finalmente exonerados, el mero hecho de ser investigados o procesados puede afectar irreparablemente la reputación y las finanzas", añadió.

Además de a sus hermanos, Biden indultó a su hermana, Valerie Biden Owens, y al marido de ella, John T. Owens, así como a Sara Jones Biden, esposa de James Biden. Indultó a todos los miembros de la comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de una turba de partidarios de Trump, así como a su personal y a los agentes de policía que testificaron durante su investigación.

Al emitir los indultos preventivos, Biden convirtió el poder constitucional del presidente en un escudo protector contra lo que, según él, sería una venganza por motivos políticos. Ningún otro presidente ha empleado la clemencia ejecutiva de una manera tan amplia y abierta para frustrar a un sucesor que considera que abusaría de su poder, y ningún otro presidente, ni siquiera Trump, ha indultado a tantos miembros de su propia familia.

La Casa Blanca anunció los indultos familiares cuando quedaban menos de 20 minutos de presidencia de Biden, cuando este ya había entrado en la Rotonda del Capitolio para presenciar la toma de posesión de Trump. Los indultos fueron un notable epílogo para la carrera política de medio siglo de Biden, subrayando la desconfianza y el enfado que el mandatario siente hacia Trump, el hombre que le precedió y le sucederá en el cargo.

Su acción ofreció un dramático testimonio de cómo cambió radicalmente el poder en Washington cuando Trump juró suceder a Biden. Al principio del día, el presidente saliente utilizó su autoridad de indulto para proteger a quienes investigaron el atentado del 6 de enero contra el Capitolio. Al final del día, el presidente entrante otorgó el perdón a unas 1500 personas acusadas o condenadas por el ataque y conmutó las penas a 14 más.

"Se está indultando a inocentes por la mañana y a culpables por la tarde", dijo en una entrevista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro del comité del 6 de enero. "Resulta extraño recibir un indulto simplemente por hacer tu trabajo y mantener tu juramento constitucional del cargo. Pero el gobierno entrante no ha dejado de lanzar amenazas".

Biden subrayó que no concedió los indultos porque alguno de los beneficiarios hubiera cometido delitos. "La concesión de estos indultos no debe confundirse con el reconocimiento de que alguna persona haya cometido un delito, ni su aceptación debe malinterpretarse como una admisión de culpabilidad por ningún delito", dijo.

Trump reaccionó con indignación durante unas declaraciones a los legisladores en un almuerzo en el Capitolio, acusando a Biden de conceder "indultos a personas que eran muy, muy culpables de delitos muy graves, como el comité no selecto de matones políticos", refiriéndose a miembros del comité del 6 de enero como Cheney.

Calificó a Cheney de "lunática llorona", y preguntó: "¿Por qué tratamos de ayudar a un tipo como Milley?".

Lo que Biden hizo con el poder de indulto para darle inmunidad a personas que ni siquiera han sido investigadas, y mucho menos acusadas o condenadas por un delito, no tiene precedentes claros. Pero algunos juristas han dicho que está dentro de los límites de su autoridad.

El precedente más cercano podría ser el indulto del presidente Gerald Ford a su predecesor caído en desgracia, Richard M. Nixon, en 1974, a pesar de que no había sido acusado de ningún delito. Pero Nixon se enfrentaba a una amenaza real de enjuiciamiento por parte de un abogado especial que investigaba el escándalo Watergate y que forzó su dimisión, y Ford no actuaba para frustrar a un futuro presidente del modo en que lo hace Biden.

A lo largo de su campaña del año pasado, Trump amenazó con procesar a demócratas, trabajadores electorales, agentes del orden, funcionarios de los servicios de inteligencia, periodistas, antiguos miembros de su propio personal y republicanos que no le apoyaran, a menudo sin identificar ninguna actividad delictiva concreta.

Trump ha dicho que "nombraría a un verdadero fiscal especial para que persiguiera" a Biden y a su familia. Anteriormente, Biden concedió a su hijo Hunter un indulto que abarcaba cualquier posible delito durante un periodo de 11 años. El presidente no se incluyó a sí mismo en los indultos preventivos anunciados el lunes, pero podría contar con la inmunidad conferida por la Corte Suprema a los presidentes el año pasado en un caso presentado por Trump para evitar ser procesado.

Trump ha dicho en las redes sociales que Cheney, republicana por Wyoming que ayudó a dirigir el comité del 6 de enero, "debería ser procesada por lo que ha hecho a nuestro país" y que todo el comité "debería ser procesado por sus mentiras y, francamente, ¡TRAICIÓN!". Ha sugerido que el general Milley, quien fue elegido por Trump como jefe del Estado Mayor Conjunto, merecía ser ejecutado porque Milley llamó a un homólogo chino después del 6 de enero para advertirle a Pekín de que no se aprovechara de la crisis de Washington.

Fauci, quien sirvió en el gobierno durante medio siglo y ha sido el máximo experto en enfermedades infecciosas del país durante 38 años, desde la gestión de Ronald Reagan hasta la de Biden, fue el blanco de los aliados de extrema derecha de Trump por su manejo de la pandemia de coronavirus. Stephen Bannon, antiguo estratega de Trump, ha dicho que Fauci, el general Milley y otros deberían ser procesados. "Se merecen lo que llamamos una ruda justicia romana, y estamos dispuestos a dársela", dijo Bannon la noche de las elecciones.

Algunos de los que recibieron los indultos expresaron públicamente su gratitud.

"Después de cuarenta y tres años de fiel servicio en uniforme a nuestra nación, protegiendo y defendiendo la Constitución, no deseo pasar el tiempo que me queda luchando contra quienes injustamente buscan venganza por desaires percibidos", dijo el general Milley en una declaración. "No quiero someter a mi familia, a mis amigos y a aquellos con quienes he servido a la distracción, el desgaste y la ansiedad generada por esa situación".

Fauci señaló asimismo su larga carrera en el servicio público y señaló que había sido objeto de amenazas de procesamiento por motivos políticos. "Estas amenazas no tienen ningún fundamento", dijo en su declaración. "Permítanme ser perfectamente claro: no he cometido ningún delito y no hay motivos posibles para ninguna acusación o amenaza de investigación o procesamiento penal en mi contra.

"Sin embargo, el hecho es que la mera articulación de estas amenazas infundadas, y la posibilidad de que se actúe en consecuencia, crean una angustia inconmensurable e intolerable para mí y para mi familia", añadió.

En los últimos días, algunos de los amparados por los indultos habían dicho que no los querían, entre ellos el exrepresentante Adam Kinzinger, republicano por Illinois, y el senador Adam B. Schiff, demócrata por California, ambos miembros del comité del 6 de enero con Cheney.

"En cuanto aceptas un indulto, parece que eres culpable de algo", dijo Kinzinger en CNN este mes. Schiff dijo en otra entrevista en la CNN que sentaría un mal precedente. "No quiero que, de ahora en adelante, cada presidente, al salir, conceda una amplia categoría de indultos a miembros de su gobierno", dijo.

Pero como el indulto a los miembros del comité se concedió a una categoría de personas y no a individuos concretos, no exigía que los beneficiarios lo aceptaran. Los miembros del comité emitieron una declaración en nombre de su presidente, el representante Bennie G. Thompson, demócrata por Misisipi, dando las gracias a Biden. "Hoy hemos sido indultados no por infringir la ley, sino por defenderla", dijo Thompson.

Otros miembros del comité del 6 de enero a los que afecta el indulto de Biden son los representantes demócratas Zoe Lofgren y Pete Aguilar, por California, y las exrepresentantes Stephanie Murphy, por Florida, y Elaine Luria, por Virginia.

Michael Fanone, uno de los policías amparados por la medida, dijo que no deseaba el indulto y que nunca habló de eso con nadie de la Casa Blanca, pero expresó su enfado y consternación por el hecho de que Biden se sintiera obligado a concederle clemencia.

Fanone, que participó en un combate cuerpo a cuerpo con los alborotadores el 6 de enero, dijo que era "una locura que vivamos en un país en el que el presidente de Estados Unidos siente la necesidad de ofrecer un indulto preventivo a ciudadanos estadounidenses que testificaron en una investigación sobre una insurrección que fue incitada por el presidente entrante porque ha prometido promulgar, o ejecutar, venganza contra esos participantes y el organismo que los investigó".

Los abogados de Harry Dunn y Aquilino Gonnell, dos policías que han hablado abiertamente del atentado del 6 de enero, dijeron que los indultos para ellos "nunca se solicitaron, ni hubo consulta alguna con la Casa Blanca".

Sus abogados, Mark Zaid y David Laufman, calificaron de "inquietante" que las "continuas amenazas y ataques de la extrema derecha, junto con la reescritura de la verdad en torno a los acontecimientos de aquel día, justifiquen tristemente la decisión".

De los familiares de Biden que fueron indultados, James Biden es el que ha atraído el mayor escrutinio de los republicanos. En junio, los republicanos del Congreso solicitaron formalmente que el Departamento de Justicia acusara a James Biden y a Hunter Biden de mentir al Congreso en el testimonio jurado prestado en el marco de la investigación republicana sobre la destitución del presidente Biden.

La semana pasada, el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó que la fiscal general elegida por Trump, Pam Bondi, se ocupara del asunto. James Biden estuvo implicado en algunos de los negocios de Hunter Biden en el extranjero, que fueron objeto de la investigación de destitución y fueron escrutados por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos, pero no ha sido acusado de ningún delito.

Los indultos de Biden no se extendieron a otros posibles objetivos de Trump, incluidos los fiscales federales y estatales que imputaron al presidente entrante por intentar anular las elecciones de 2020 y por manejar indebidamente documentos clasificados, y que lo condenaron por encubrir el pago de una suma de dinero a una estrella del cine para adultos que afirmaba haber tenido una aventura con Trump.

Biden también conmutó la cadena perpetua de Leonard Peltier, activista indígena estadounidense que fue condenado por matar a dos agentes del FBI en 1975 en la reserva india de Pine Ridge, en Dakota del Sur. Biden dijo que Peltier, quien tiene 80 años, podría cumplir el resto de su condena en reclusión domiciliaria.

El presidente saliente también indultó a dos políticos demócratas, Ernest William Cromartie, exconcejal de Carolina del Sur, y Gerald G. Lundergan, legislador estatal de Kentucky.

Helene Cooper, Michael S. Schmidt, Devlin Barrett, Kenneth P. Vogel y Luke Broadwater colaboraron con la reportería.

Peter Baker es el corresponsal principal de la Casa Blanca para el Times. Ha cubierto las gestiones de los últimos cinco presidentes y a veces escribe artículos analíticos que ponen a los presidentes y sus gobiernos en un contexto y marco histórico más grande. Más de Peter Baker

Michael D. Shear es corresponsal en la Casa Blanca de The New York Times y cubre al presidente Biden y su gobierno. Ha reportado sobre política durante más de 30 años. Más de Michael D. Shear

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