En territorio indio, una crisis de mujeres desaparecidas, y otra cuando las encuentran

Prudence Jones había pasado dos años entregando panfletos de “desaparecida” y buscando a su hija de 28 años en campamentos de indigentes y en pasos a desnivel cuando recibió la llamada por la que había rezado: habían encontrado a Dani. Estaba en una cárcel de Nuevo México, pero estaba viva.

Parecía un final feliz para la historia de una de miles de mujeres y niñas nativas estadounidenses que son reportadas como desaparecidas cada año, una situación que los activistas indígenas llaman una crisis ignorada desde hace mucho tiempo. En julio pasado, gente extraña que seguía el caso de Dani en redes sociales vitoreó la noticia: “¡Maravilloso!”, “¡Gracias a Dios!”, “Por fin, una buena noticia”.

Sin embargo, cuando Jones visitó a Dani en la cárcel, vio las cicatrices recientes en el cuerpo de su hija e intentó comprender el daño físico y espiritual de vivir dos años en las calles; su familia, que es navajo, empezó a enfrentar un epílogo doloroso y solitario de su saga de personas desaparecidas.

“No hay nada que te prepare para lo que viene después”, comentó Jones, de 48 años, quien tiene cinco hijas. “¿Cómo sanas? ¿Cómo vuelves a armar a tu familia? Lo único que he encontrado es que no hay ningún tipo de apoyo”.

Los activistas indígenas aseguran que las fuerzas del orden han ignorado generaciones de asesinatos y desapariciones, los cuales se han perdido en grietas burocráticas al momento de determinar cuál agencia local o federal debería realizar las investigaciones.

Ni siquiera hay un conteo confiable de cuántas mujeres nativas desaparecen o son asesinadas cada año. Los investigadores han encontrado que en los formularios de personas desaparecidas a las mujeres a menudo las clasifican equivocadamente como hispanas, asiáticas u otras categorías raciales, y que miles han quedado fuera de una base de datos federal de personas desaparecidas.

Desde las capitales estatales y los consejos tribales hasta la Casa Blanca, un movimiento político comunitario que encabezan activistas y las familias de las víctimas está llamando la atención en el ámbito nacional sobre las tasas desproporcionadamente altas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas indígenas.

Varios estados, entre ellos Nuevo México, han creado comisiones especiales. El mes pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear una comisión especial a fin de mejorar la cooperación entre las agencias de seguridad divididas y abordar los problemas con una recopilación básica de datos.

Algunos funcionarios tribales elogiaron la maniobra, pero otros activistas la criticaron al tacharla de un gesto vacío y tardío que no logró incluir a las tribus y los sobrevivientes en su membresía, y no hará nada para que las tribus tengan más autoridad para procesar a los traficantes sexuales u otros agentes que abusan de las mujeres y las niñas. Los activistas mencionaron que por concentrarse en las reservas rurales también han pasado por alto la gran cantidad de gente nativa en las ciudades que se ha convertido en blanco de la violencia.

Tara Sweeney, la subsecretaria de Asuntos Indígenas en el Departamento del Interior, mencionó que la comisión especial ya se había reunido con los sobrevivientes y los líderes indígenas en los estados de Arizona, Alaska, Dakota del Sur y Washington, y que estaba comprometida a incluir sus voces en las recomendaciones.

“Debemos hacer algo”, mencionó Sweeney.

No obstante, a pesar de todas las promesas oficiales de ayuda, las familias como la de Dani aseguran que reciben poca asistencia para lidiar con las diversas agencias tribales, estatales y de seguridad federal cuando se trata de encontrar a sus parientes desaparecidos o sanar sus familias si los encuentran.

“No sucede nada después… eso es lo aterrador”, comentó Annita Lucchesi, cuya agrupación, Sovereign Bodies Institute, ha registrado las cifras de personas desaparecidas y asesinadas a partir de un revoltijo de informes policiales, trabajos periodísticos, contactos familiares y publicaciones de redes sociales. “Tal vez el defensor de una víctima de su tribu pueda ofrecer alguna ayuda. Pero esto sucede caso por caso”.

Los activistas describen la crisis como un legado de generaciones de políticas gubernamentales de mudanzas forzadas, decomiso de tierras y violencia infligida a los pueblos indígenas. Cientos de personas desaparecidas nunca regresan, y las familias mencionaron que han tenido problemas para encontrar terapia y tratamiento para las que sí lo han hecho. Algunos intentan superar el trauma de haber sido traficados. Algunos enfrentan una adicción o lidian con la violencia que sufrieron en las calles. Algunos han huido de abusos en sus hogares y no tienen un lugar seguro que los acoja de regreso.

La falta de apoyo o seguimiento de los trabajadores sociales o de los defensores de las víctimas facilita que las mujeres y las niñas desaparezcan de una forma reiterada. Algunas son declaradas fugitivas habituales, según los activistas. En el estado de Washington, Lucchesi ha reunido datos que demuestran que el 83 por ciento de las niñas desaparecidas han sido reportadas como desaparecidas más de una vez.

“Vemos cómo estas chicas desaparecen una y otra vez hasta que con el tiempo no regresan”, mencionó Lucchesi.

La crisis ha convertido a las familias en equipos de rescate y a los padres en detectives privados. Dibujan cuadrículas en las reservas rurales y se diseminan por chaparrales y artemisas. Logran ingresar en las cuentas de redes sociales de sus hijas en busca de un mensaje directo que les brinde información.

En la nación navajo, activistas voluntarios crean su propia versión de una Alerta Amber para complementar los impredecibles sistemas oficiales de alerta. Pegan afiches de “desaparecido” en los tableros de anuncios de los supermercados.

Tienen un conteo en tiempo real de los casos de personas desaparecidas. De enero a octubre, han desaparecido 86 hombres y mujeres navajos en el ámbito nacional, comentó Meskee Yanabah Yatsayte, una defensora de las personas desaparecidas de la nación navajo desde 2013. Según Yatsayte, 55 de esas personas se han encontrado a salvo, 21 muertas y 10 siguen desaparecidas.

Yatsayte señaló que, al enfocarse en la desaparición de mujeres y niñas, también se había ignorado una crisis paralela de hombres y niños, y ha instado a los líderes tribales y otros funcionarios gubernamentales para que amplíen su mira.

Dani desapareció de Gallup en septiembre de 2017, después de años de uso de drogas y problemas personales y legales. Los registros de los tribunales demuestran que había perdido la custodia de sus dos hijos pequeños y la habían arrestado varias veces antes ese mismo año. Los cargos incluían robo y huir de la policía en una camioneta robada después de que un oficial de la policía reportó haberla visto con otro hombre —ambos aparentemente drogados— intentando ingresar a una unidad de autoalmacenamiento.

La familia de Dani, la cual solicitó no ser identificada por su nombre completo porque les preocupa la privacidad y la afección mental de Dani, llamó a la policía y comenzó a cubrir los postes de luz con afiches de “desaparecida”.

Sus hermanas gemelas, Ashley y Renee, de 20 años, subieron publicaciones en la cuenta de Facebook de Dani con la esperanza de que su hermana ingresara y las viera. La familia siguió pistas de avistamientos y rumores de ella en Las Vegas y el sur de California.

Se desestimaron los cargos en contra de Dani y la dejaron salir de la cárcel después de que determinaron que no era competente. Fue el único examen psicológico que le realizaron, afirmó Jones.

Cuando se localizan niños perdidos, los oficiales de la policía y los investigadores especializados en la protección de menores a menudo tienen la tarea de hacer un seguimiento. Sin embargo, Dani es una adulta legal, aunque una que no tiene cubertura de Medicaid ni una cuenta bancaria.

Jones mencionó que junto con las hermanas de Dani han intentado darle una bienvenida amorosa y confortable. No obstante, Dani ha opuesto resistencia cuando Jones ha sugerido ir a la clínica del hospital del Servicio de Salud para Indígenas —el cual no requiere de una cita, pero siempre está lleno— y a Jones le preocupa que, si la presiona demasiado para que vaya a terapia, a un tratamiento de rehabilitación o al doctor, Dani se escabulla.

Una tarde helada, eso hizo. Dani no regresó al motel de la ruta 66 donde ahora vive la familia, y estaba oscureciendo con rapidez.

Por lo tanto, Jones se dispuso a encontrar a su hija de nuevo, haciendo oscilar su Chevy gris por sitios a los que se pudo sentir atraída. Pasaron al lado de un predicador callejero mientras le daba un sermón a un grupo de personas indigentes. Pasaron por la casa de un exnovio.

“No la vi”, comentó Ashely, desde el asiento trasero.

“Guarda silencio”, murmuró Jones. “Tal vez la veamos. Tal vez no”.

Luego, se orillaron hacia un callejón y ahí estaba, hablando con dos amigos en un auto. Ashley se acercó y le dijo, suavemente: “Me gusta tu pelo”.

Ashley y su gemela, Renee, señalaron que Dani y sus dos hermanas mayores se habían hecho cargo de ellas, y las cargaban en las espaldas en las fiestas familiares. “Ahora soy la hermana mayor”, mencionó Ashley. Antes, padecían la agonía de no saber si Dani estaba viva o muerta y, ahora, el hecho de quererla a pesar de no saber quién es, exactamente, su hermana.

“Está ahí, pero no es la misma Dani”, comentó Renee. “Puedes besarla y hablar con ella, pero la Dani que está aquí no está tan presente”.

Una noche, las cuatro mujeres estaban sentadas en las camas dobles de la habitación del motel, viendo fotos de ellas mientras montaban a caballo, en fiestas y Disneylandia, hablaban sobre sus esperanzas de dejar Gallup para empezar desde cero con sus familiares que viven al este de Estados Unidos. Entonces Dani comenzó a caminar de un lado al otro en la habitación, haciendo piruetas con un cigarro mientras se acercaba hacia la puerta.

Su madre volteó a verla: “Quédate cerca, ¿sí?”.

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