La última encuesta de Ipsos Perú, para América TV, arrojó que el 60% de los peruanos aprueba que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abriera una investigación fiscal contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. El porcentaje de personas que apoya aún al mandatario es muy reducido.
Sobre la decisión del fiscal, tan solo el 29% la desaprueba y el 11% restante, no precisa una postura. Por otro lado, el 70% de los ciudadanos desaprueba la actual gestión de Pedro Castillo, mientras que el 23% la aprueba y el 7% no precisa.
La investigación preliminar en la que fue incluido el mandatario es la misma que se le sigue al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y a un grupo de seis congresistas de Acción Popular miembros del grupo ‘Los Niños’.
El Ministerio Público detalló que el jefe de Estado está siendo incluido por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión; en el caso Puente Tarata III. La ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra Castillo.
Por otro lado, la popularidad de la presidenta del Congreso de la República también fue negativa. El 69% desaprueba su gestión, mientras que solo el 14% la aprueba. El 17% restante no precisa.
Por otro lado, a los encuestados también se les preguntó si estaban enterados del audio que dejaría expuesto que el empresario Zamir VIllaverde otorgó S/ 100,000 al exministro Juan Silva, quien actualmente está prófugo de la justicia. Sobre esto, el 49% dijo estar enterado de la denuncia. Pero el 50% dijo no estar enterado del caso y el 1% restante, no precisa.
Del mismo modo, también fueron consultados si confiaban en la veracidad de esta versión. El 66% dijo que sí consideraba verdadero, que el empresario le entregó la coima al exfuncionario, un 16% lo consideró falso y el 18% restante, no precisa.
Como se recuerda, ya son tres personas cercanas al presidente Pedro Castillo que se encuentran en calidad de prófugos. Estos son el exministro Juan Silva; el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; y su sobrino Fray Vásquez Castillo.
Debido a estos recientes acontecimientos, el 62% de los peruanos considera que el jefe de Estado debería renunciar a la Presidencia, mientras que para el 36% aún apoya su permanencia.
El mandatario ya ha sido incluido en cuatro investigaciones fiscales. Una es la que también le sigue al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis legisladores de Acción Popular que están siendo acusados de formar parte del grupo denominado como ‘Los Niños’. Pero también está siendo investigado por el supuesto plagio.
Además, hay dos investigaciones que iniciaron con la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Uno es sobre la investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y colusión en agravio del Estado.
En ese caso se consideraba su presunta participación en el proceso de adquisición del biodiésel B100 en Petroperú y la supuesta intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata III en el río Huallaga (San Martín).
Una segunda disposición al jefe de Estado fue por presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Se trató de una investigación preliminar por la presunta injerencia del mandatario en los ascensos de las Fuerzas Armadas, denunciado por el ahora ex comandante general del Ejército, José Vizcarra.
Se le atribuía los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Sin embargo, al igual que la primera investigación iniciada por Ávalos, se suspendió.
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