El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo en una reciente entrevista que revisará si el procurador Daniel Soria cumple con los requerimientos necesarios para desempeñarse en el cargo. Estas declaraciones llegan luego de que el procurador general del Estado denunciara al presidente Pedro Castillo por delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en adjudicación de obra vial en la Amazonía.
“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente (Pedro Castillo) y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente de nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a ley”, señaló Torres a RPP. Sin embargo, el ministro señaló que no se trata de ninguna represalia por el funcionario que lleva dos años en el cargo.
“El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, añadió el ministro.
Horas antes de las declaraciones vertidas por Torres, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, había pedido que se destituya a Soria de su cargo de procurador alegando que no cumplía con los requisitos legales para el cargo y asegurando que se había burlado del presidente. Ante estas actitudes, Soria resaltó que llama la atención el deseo de revisar su expediente luego de bastante tiempo de haber asumido como procurador general del Estado y añadió que sí cumple con los requisitos que el puesto demanda.
Soria rechazó las afirmaciones del abogado del mandatario Pedro Castillo y aclaró que no se mofó del jefe de Estado, en el marco del interrogatorio por el caso Ascensos en las FF.AA. “Es muy común que las preguntas que prepara la Procuraduría se repitan respecto de las de la fiscalía y eso trae como consecuencia que tengamos que descartar, reformular preguntas. En ese marco yo estuve intercambiando pareceres con mi colega de la Procuraduría y en un momento determinado el señor presidente pidió la palabra y consideró que nuestra conversación era en son de burla de las respuestas de él”, contó Soria.
“Ningún comentario ni ninguna risotada porque el propio fiscal señaló que si eso hubiera existido, él hubiera intervenido. No hubo llamada de atención. Si hubiera pasado eso, el fiscal me hubiera llamado la atención y eso hubiera constado en el acta. Ninguna de las dos cosas sucedió, ni me llamaron la atención no hay una incidencia en el acta”, concluyó.
CASO EN PROCESO
La denuncia presentada por Soria se sustenta en que las diversas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López Arredondo y el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña. Cabe resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo.
En el documento, Soria Luján solicita a la Fiscal de la Nación, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.
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