Venezuela: lo moral es lo eficaz

Las democracias no suelen deteriorarse de un día para otro. Comienzan a erosionarse cuando quienes ejercen el poder dejan de entender que la ética no es un obstáculo para gobernar, sino la condición indispensable para hacerlo bien. La política puede ser el arte de lo posible, pero sólo produce resultados duraderos cuando se sostiene sobre principios. Por eso la máxima de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo —“Lo moral es lo eficaz”— encierra una verdad que la historia confirma una y otra vez.

Los acontecimientos recientes en España y Venezuela ofrecen una ilustración elocuente.

En España, la Audiencia Nacional ha considerado que existen elementos suficientes para abrir una investigación penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades. Pero, cualquiera que sea el desenlace judicial, el episodio obliga a revisar el papel desempeñado por quien, tras abandonar La Moncloa, se convirtió en uno de los principales interlocutores europeos del régimen venezolano.

Aquella gestión fue presentada durante años como un esfuerzo de mediación y entendimiento. Sin embargo, terminó vinculando el prestigio internacional de España con un gobierno ampliamente cuestionado por la comunidad democrática. Si las acusaciones prosperan, el daño trascenderá la figura del expresidente: alcanzará también la credibilidad de una política exterior que, desde la transición democrática, convirtió a España en un interlocutor privilegiado entre Europa e Iberoamérica. Una reputación construida por el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe González puede perderse mucho más rápido de lo que tomó edificarla.

Venezuela ofrece una lección todavía más dolorosa. La tragedia provocada por la doble sacudida sísmica del pasado 24 de junio puso a prueba no solo la capacidad logística del Estado, sino también su compromiso con la vida de sus ciudadanos.

Mientras gobiernos y organizaciones internacionales ofrecían asistencia humanitaria inmediata, la respuesta oficial estuvo marcada por la desorganización, la opacidad y decisiones difíciles de comprender. Hospitales de campaña fueron instalados lejos de las zonas más afectadas; ayuda alimentaria y médica permaneció retenida durante días; equipos internacionales de rescate denunciaron obstáculos para realizar su labor. En una emergencia de esa magnitud, cada hora perdida se traduce en vidas humanas.

Más allá de las responsabilidades administrativas, la tragedia reveló un problema más profundo: cuando un gobierno deja de considerar al ciudadano como el centro de su acción, la ineficacia deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia inevitable.

España y Venezuela viven realidades muy distintas. Sin embargo, ambos episodios recuerdan una misma verdad. La transgresión de los principios éticos nunca produce ventajas permanentes. Puede ofrecer beneficios inmediatos, pero termina debilitando las instituciones, erosionando la confianza pública y reduciendo la capacidad misma del Estado para cumplir sus funciones.

España corre el riesgo de perder parte de la autoridad moral que durante décadas le permitió desempeñar un papel singular en Iberoamérica. Venezuela enfrenta un desafío mucho más dramático: reconstruir un país cuya población no solo ha sufrido una catástrofe natural, sino también la desconfianza hacia unas instituciones que no estuvieron a la altura del momento más crítico.

La historia demuestra que las naciones no prosperan únicamente por la calidad de sus leyes o por la abundancia de sus recursos. Prosperan cuando quienes las gobiernan comprenden que el poder sólo conserva legitimidad mientras permanezca sometido a principios.

Porque, al final, la política más eficaz sigue siendo la más moral.