
“Al señor Zapatero le aconsejo que no sea imbécil”. Esa contundente frase que Luis Almagro le espetó a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista concedida a la cadena de televisión colombiana NTN24 mereció la protesta formal ante la OEA del gobierno español, presidido por Pedro Sánchez.
Era septiembre de 2018; la crisis humanitaria en Venezuela había llegado a una situación crítica, con un éxodo masivo de migrantes y arreciaban las críticas a Nicolás Maduro. Lejos de sumarse a la denuncia contra el dictador, Zapatero hizo unas declaraciones en Sao Paulo donde aseguró que el problema humanitario no era culpa del régimen, sino de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Fue ahí donde Almagro señaló al ex presidente español con una denuncia explícita: “Defender una dictadura es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Viene haciéndole mandados al régimen desde 2016”.
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Además de Almagro, han sido muchos los líderes latinoamericanos que, a lo largo de los años, han señalado a Zapatero como un blanqueador de la dictadura.
María Corina Machado aseguró que la historia lo juzgará. El ex presidente de Colombia Iván Duque lo tildó de “mayordomo diplomático de la dictadura”, mientras Antonio Ledezma, el ex alcalde de Caracas, llegó a decir: “Es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”.
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Todos ellos confluyen en la frase que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana le dedicó hace unos meses: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es José Luis Rodríguez Zapatero.”

Meses antes, en 2024, Pastrana presentó un informe en La Haya, suscrito por una treintena de ex presidentes (entre ellos Felipe González), donde se denunciaba la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Zapatero se había negado a firmarlo.
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¿Cuándo, cómo, y por qué empezó Zapatero a implicarse en los asuntos venezolanos?
Estas preguntas, que siempre acompañaron a los andares del ex presidente español por el continente, adquieren ahora una tremenda notoriedad a raíz de la decisión del juez José Luis Calama, de imputar a Zapatero por ser el presunto “líder” de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
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El núcleo central de la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional se centra en el presunto uso irregular y desvío de 53 millones de euros de dinero público usados para rescatar en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Pero las 85 páginas del auto abren otras investigaciones de gran calado que irían desde la venta de petróleo -con presunto “peaje obligatorio” a Zapatero-, hasta el negocio del oro o el blanqueo transnacional de divisas: de Caracas, a Dubái, pasando por la República Dominica (base logística y financiera de los negocios vinculados a Venezuela)-, llegando a Bejing y aterrizando en Madrid.
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A estas graves imputaciones del juez Calama, cabe sumar las dos líneas de investigación abiertas en Estados Unidos que implican a Zapatero: una, en la fiscalia federal del Distrito Sur de Nueva York, que investiga a 63 colaboradores internacionales del régimen chavista; la otra, la investigación de la DEA que sigue la ruta del petróleo y del oro venezolano, y el rastreo de los flujos de dinero que presuntamente podrían llegar a cuentas asociadas al ex presidente.
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Hasta aquí no cabe añadir nada más en el terreno policial y judicial, excepto recordar la doble condición de investigado e imputado de Zapatero, que lo convierte en el escándalo político más importante de la democracia española. Tiempo habrá para saber si los indicios contra Zapatero se convierten en pruebas, y éstas en sentencias, o si, al contrario, se deshinchan las acusaciones.
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Pero si lo judicial está por discernir, lo político parece fuera de duda: Zapatero ha tenido un rol de implicación, colaboración y blanqueamiento de la dictadura chavista. Es decir, más allá de saber si sus intenciones tenían un objetivo estrictamente ideológico, o también había intereses espúreos (eso es lo que dilucidará la justicia), parece indiscutible que José Luís Rodríguez Zapatero ha sido un aliado de la dictadura. Lo que empezó en 2015 como un trabajo de mediación y acción humanitaria para con los presos políticos, acabó siendo un ejercicio de lobby diplomático para normalizar y lavar la imagen del régimen.
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La escalada fue gradual. En 2015 llegó a Caracas a petición de la oposición venezolana y tuvo un papel fundamental en la liberación selectiva de presos políticos, entre ellos la liberación de Leopoldo López en 2017. Después lideró la mesa de negociación en Santo Domingo entre el régimen y la oposición, que intentaba encontrar una salida negociada a la crisis política y económica de Venezuela, después de las masivas protestas sociales de 2017, violentamente reprimidas por el régimen. Pero ya entonces su papel de mediador había transitado hacia posiciones cercanas al chavismo, y se le considera el responsable directo del fracaso del diálogo de Santo Domingo en 2018.

Zapatero presionó a la oposición para que firmara el acuerdo electoral que imponía Maduro, y que no tenía las condiciones democráticas mínimas, y su actitud lo marcó para siempre ante la oposición venezolana.
A partir de entonces, su posición fue inequívoca: se convirtió en observador electoral internacional, con gastos pagados por el régimen; avaló y legitimó las leyes y los procesos electorales chavistas, a pesar de las denuncias internacionales; calló en el tremendo pucherazo de las presidenciales en 2024, avalando con su silencio la estafa del “triunfo” de Maduro; se negó a calificar a Maduro como un dictador y lo alabó por su “capacidad de diálogo” (sic); siempre desvió las culpas del chavismo hacia las sanciones norteamericanas y, en definitiva, se convirtió en el limpiador internacional del régimen.
En una ocasión llegó a espetar a la oposición venezolana que “la alternativa a Maduro no existe”, y en múltiples declaraciones criticó a dirigentes opositores. En definitiva, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el embajador áulico de un régimen despótico que ha sangrado, arruinado y tiranizado a Venezuela durante décadas. Sobre él la frase más dura la dijo Andrés Pastrana: “Zapatero lleva los muertos de Venezuela a sus espaldas”.
No podemos saber si los jueces acabarán sentenciándolo por sus actividades económicas, pero sin duda es culpable por sus actividades políticas.
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