El 28 de julio de 2024 los venezolanos hicimos lo que durante años el mundo nos pedía: fuimos a elecciones, votamos masivamente y ganamos. Ese día el país expresó con claridad abrumadora su voluntad de cambio, eligiendo como presidente a Edmundo González Urrutia, con el liderazgo político de María Corina Machado. Pero el régimen no entregó el poder. Nicolás Maduro desconoció el resultado, desató una ola de represión y se consolidó no ya como un gobierno autoritario, sino como una fuerza de ocupación criminal. Desde ese momento, Venezuela dejó de tener un conflicto político tradicional: lo que existe es una ocupación de tipo mafiosa, sostenida por redes de narcotráfico, inteligencia cubana y milicias paramilitares.

Esa diferencia no es semántica: marca el paso de una crisis política a un problema de seguridad hemisférica.

La Venezuela de hoy no es un Estado fallido; es un Estado capturado. El poder real está en manos de una organización conocida como el Cártel de los Soles, integrada por jerarcas del régimen, militares, operadores financieros y redes extranjeras. Este cartel controla el territorio nacional, trafica cocaína, oro y armas, y mantiene alianzas con grupos como las FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas y cárteles mexicanos y brasileños.

El país se ha convertido en plataforma logística para el crimen transnacional. No es el principal productor de drogas, pero sí el punto de tránsito más eficiente, con puertos, pistas clandestinas y rutas fluviales utilizadas para mover toneladas de estupefacientes y minerales ilegales hacia el Caribe, África y Europa.

Maduro no gobierna un Estado: administra una red criminal con cobertura política. Por eso la reacción internacional ha cambiado. Lo que antes era visto como un conflicto ideológico, hoy es entendido como una amenaza concreta a la seguridad continental.

El movimiento militar que hoy se observa en el Caribe no es un gesto simbólico ni una maniobra electoral. Es la aplicación práctica de una nueva doctrina estadounidense, formulada en el Proyecto 2025, que redefine la seguridad hemisférica.

Bajo esa visión, Venezuela dejó de ser un problema humanitario o un caso de autoritarismo regional: es tratada como una base de operaciones del crimen transnacional con vínculos terroristas. Por eso la respuesta ya no es diplomática, sino militar.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha desplegado más de 10.000 efectivos en el área. Tres destructores Aegis, bombarderos B-52H, cazas F-35B, aviones AC-130, drones de reconocimiento, unidades de Fuerzas Especiales y capacidad de ataque Tomahawk conforman un cerco operacional sin precedentes. No se trata de interceptar lanchas con droga; se trata de imponer una disuasión creíble contra una estructura narco-estatal que amenaza la estabilidad regional.

En palabras simples: el Caribe se ha convertido en el nuevo frente de defensa de Occidente.

El cambio doctrinario se basa en una evidencia empírica: ningún otro país del continente combina tantas funciones ilegales bajo cobertura estatal. Venezuela no solo exporta cocaína, oro o migrantes; exporta desestabilización. Las redes criminales que operan desde su territorio financian movimientos armados, lavan dinero en terceros países y corrompen instituciones en toda América Latina.

Esa realidad convirtió a Caracas en un actor subversivo sistémico, una suerte de “Corea del Norte tropical” con conexiones con Moscú, Teherán y La Habana. Y, al mismo tiempo, en una fuente permanente de desplazamiento humano, que hoy impacta directamente en Colombia, Brasil, Perú, Chile y Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, el régimen de Maduro ya no es un problema interno venezolano: es una amenaza multinacional que exige una respuesta multinivel.

La imagen de fortaleza militar que el régimen intenta proyectar es ilusoria. Fuera del eje Caracas–Maracay, la Fuerza Armada Nacional (FANB) está desmantelada. Bases con menos del 25% de personal operativo, unidades sin transporte ni artillería, equipos canibalizados y comandantes sin poder real.

El control interno se sostiene a través de milicias y cuerpos paramilitares financiados con economías ilegales. Pero esos flujos se están secando: las sanciones financieras, la caída de la producción ilícita y los bloqueos de rutas han reducido las fuentes de ingresos del cartel.

Y una mafia sin dinero es una mafia vulnerable. La política de Washington apunta precisamente a eso: aumentar los costos de permanencia, reducir los beneficios y ofrecer salidas creíbles. No se busca una invasión, sino una fractura interna. La amenaza militar tiene sentido solo si produce un efecto político: romper la cohesión mafiosa desde dentro.

Mientras el cerco internacional se endurece, Venezuela cuenta —por primera vez en años— con un liderazgo civil reconocido globalmente. María Corina Machado, hoy Premio Nobel de la Paz, simboliza la legitimidad democrática de un país que ya votó, que ya decidió y que espera simplemente que su voluntad sea respetada.

El reconocimiento internacional de su figura y la existencia de un presidente electo (Edmundo González Urrutia) otorgan una alternativa política real a la descomposición del régimen. No se trata de improvisar una transición: se trata de ejecutar el resultado de una elección que el mundo entero sabe que fue robada.

Desde esa perspectiva, la crisis venezolana no necesita nuevas negociaciones, sino mecanismos para hacer cumplir el mandato popular. Y el componente militar norteamericano, al endurecer la presión sobre el régimen, acerca ese escenario.

El chavismo rojo —el núcleo duro del régimen— intenta resistir mediante propaganda y control social. El chavismo azul, el caprilismo residual, ensaya diálogos en Doha con apoyo de Qatar. Pero esas jugadas carecen de peso real: ni en Washington las toman en serio, ni en Venezuela representan esperanza alguna.

El país ya no busca moderaciones ni cohabitación con una mafia. Busca liberarse de ella. Y el tiempo político del chavismo se agota. Cada día que pasa sin ingresos ilícitos, sin legitimidad y bajo cerco internacional, el costo de seguir se multiplica.

Las dictaduras caen cuando pierden el monopolio de la fuerza o el del miedo. Y en Venezuela, ambos monopolios empiezan a resquebrajarse.

La ecuación es inédita:

• Un pueblo que ya decidió en las urnas.
• Un liderazgo civil legítimo y reconocido.
• Una estructura criminal aislada y financieramente agotada.
• Y una superpotencia decidida a erradicar la amenaza.

Por primera vez, los objetivos de Washington y los de los venezolanos coinciden plenamente. Para Estados Unidos, desmantelar el narcoestado es un asunto de seguridad hemisférica. Para Venezuela, es la única vía para recuperar la libertad.

El chavismo no es el caos: el chavismo es la causa del caos. Su fin no sería el inicio de la inestabilidad, sino el punto de partida para reconstruir un país con potencial energético, humano y democrático.

Venezuela ya hizo todo lo político que podía hacer. Votó, ganó y fue traicionada. Lo que viene ahora ocurre en otro plano: el de la seguridad y la estrategia. La lucha ya no es entre gobierno y oposición, sino entre una nación secuestrada y una estructura criminal.

En el Caribe se libra, sin declaración formal, la guerra más importante del hemisferio: la que definirá si América puede recuperar el orden o si permitirá que un narcoestado se consolide impune bajo el amparo de potencias externas.

La historia rara vez ofrece sincronías tan claras: legitimidad interna, liderazgo civil, apoyo internacional y poder militar convergen en un mismo punto. Aprovechar esa coincidencia no es una opción: es una obligación histórica.

*El autor es politólogo, especialista en comunicación política y procesos electorales.