Luis Fernando Camacho pasó casi tres años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. A fines de agosto de 2025 recuperó la libertad condicional gracias a una serie de decisiones judiciales que siguieron a la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 17 de agosto. El gobernador electo de Santa Cruz dejó de ser un prisionero político en Bolivia, pero su caso deja al descubierto algo más profundo: la necesidad urgente de liberar a quienes continúan presos y de construir un sistema judicial independiente.

El 28 de diciembre de 2022, cuarenta agentes encapuchados y vestidos de civil irrumpieron en Santa Cruz, dispararon armas de fuego y secuestraron a Camacho. Lo trasladaron en helicóptero militar a La Paz y lo pusieron a órdenes de un juez cuestionado por “faltas gravísimas”. Desde entonces comenzó una pesadilla de procesos políticos, difamaciones públicas del entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y violaciones a sus derechos básicos, incluido su derecho a la salud y a la privacidad.

Contra Camacho se abrieron hasta seis procesos de tinte político. El más notorio: la acusación de “terrorismo”, figura penal vaga y ambigua que la propia ONU calificó de preocupante y de la cual pidió su derogación. Tanto el GIEI–Bolivia en 2021 como el Relator Especial de la ONU en 2022 denunciaron su uso arbitrario para criminalizar la protesta y la oposición política.

En febrero de 2023, la Human Rights Foundation (HRF) llevó el caso al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU (GTDA). En marzo de 2025, ese organismo declaró que la prisión de Camacho era arbitraria y exigió su liberación inmediata. El gobierno de Luis Arce intentó desacreditar el fallo alegando que no era vinculante. Pero se equivocaba.

Las decisiones del GTDA son obligatorias porque interpretan normas internacionales de derechos humanos que Bolivia ya ha ratificado y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Además, el principio del estoppel impide al Estado desconocer un procedimiento al que se sometió voluntariamente: la Procuraduría General del Estado litigó activamente en el proceso y defendió su postura. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en sentencias emblemáticas —como Vélez Loor vs. Panamá, Milagro Sala vs. Argentina y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras— el valor jurídico de las decisiones del GTDA, utilizándolas como base de sus fallos.

Pese a los intentos del MAS de desconocer la resolución, ésta pavimentó el camino para la liberación de Camacho casi cinco meses después, en medio de la derrota electoral del partido que gobernó Bolivia durante 19 de los últimos 20 años.

Pocos días después de salir de Chonchocoro, Camacho recibió a HRF en Santa Cruz y expresó su gratitud por la defensa internacional que lo acompañó en todo el proceso. HRF celebró su libertad, pero advirtió que se trata apenas de un triunfo parcial: los cargos en su contra siguen abiertos y aún quedan presos políticos tras las rejas.

El caso Camacho es sólo la punta del iceberg. La ex presidenta Jeanine Áñez continúa encarcelada en Miraflores bajo procesos plagados de irregularidades. Por su investidura, debería enfrentar un juicio de responsabilidades y no juicios ordinarios manipulados. Incluso los propios jueces de su caso denunciaron haber sufrido presiones políticas para mantenerla en prisión.

Otro ejemplo es el del líder cívico potosino Marco Pumari, quien acaba de recuperar su libertad tras pasar casi cuatro años de prisión injusta. Su caso también demuestra cómo la justicia boliviana fue instrumentalizada para silenciar voces opositoras. Tanto él como Áñez simbolizan que la liberación de Camacho, aunque celebrada, no resuelve por sí sola el problema estructural.

La libertad de Camacho coincide con el fin del ciclo del MAS y abre una oportunidad histórica para Bolivia, que decidirá en octubre entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Pero mientras Áñez siga presa y mientras la justicia continúe sometida al poder político, el país seguirá atrapado en la lógica de la persecución.

El desafío inmediato es doble: liberar a todos los presos políticos y restaurar la independencia judicial. Sin eso, la democracia boliviana seguirá siendo rehén de intereses partidarios y el ciclo de persecuciones políticas se repetirá en el futuro, sin importar quién esté en el poder.

La liberación de Camacho es un hito en la lucha contra el autoritarismo en Bolivia, pero no es el punto final. El verdadero triunfo llegará cuando ningún ciudadano vuelva a ser secuestrado, humillado o encarcelado por pensar distinto.

Bolivia tiene hoy la posibilidad de dejar atrás definitivamente la era del MAS y abrir una nueva etapa democrática. Dependerá de si logra hacer lo que durante años parecía imposible: una justicia al servicio de la ley y no del poder.

(*) Javier El-Hage es director jurídico de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, y Luis Yáñez es abogado experto en Derecho Constitucional en Bolivia. Ambos litigaron como representantes internacionales de Camacho en el proceso ante el GTDA de la ONU.