
El poder judicial es el equilibrio de la balanza en la democracia. Los jueces hacen cumplir la ley, frenan los excesos de los gobernantes, ponen en cintura a los legisladores y son, al final, el límite al poder. Esa es la razón por la que las dictaduras acaban en primera instancia con la independencia judicial y en las democracias los presidentes, los partidos y hasta el sector privado la presionan y, cuando pueden, la compran.
Hoy con al auge del populismo la presión contra la Justicia crece todos los días. En parte es producto de una Justicia que más que eso se ha convertido en un activismo jurídico que trata de imponerse por encima de los congresos o y los partidos. Esos excesos a los largo y ancho del continente, y del mundo, son lo que hoy los pone en la mira.
Sin embargo, la defensa de la justicia, por imperfecta que sea, debe ser un deber de todos los que creemos en la democracia liberal. Las amenazas a la independencia de la justicia, vengan de donde vengan, son inaceptables y deben ser condenadas sino dejar de lado la observancia de una Justicia efectiva y no activista que es tan nociva para la democracia como la presión.

Los ejemplos de presión y compra son múltiples a lo largo y ancho de nuestro continente. Hoy en pleno Siglo XXI hay una batalla en el estado de Wisconsin donde la elección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia ya va en cerca de ¡100 millones de dólares en gastos! Eso vale la elección de presidente en casi todos los países de América Latina.
Esta elección por un puesto en la Corte tiene una razón: mantener o cambiar la mayoría en esta institución que hoy tiene 3 jueces demócratas y 3 republicanos. Esa Corte puede acabar con la manipulación electoral que se da en ese Estado y que facilita dios resultados. El primero, que los republicanos casi siempre ganen las elecciones para la legislatura en Wisconsin. Segundo con el diseño de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos manden a Washington 6 mientras los demócartas manden dos. Es una elección local con repercusiones nacionales, de ahí que se convierta en este escenario político que más parece una batalla campal.

Los demócratas acusan a Elon Musk de querer comprar esa elección pues ha donado 20 millones de dólares, da 100 dólares a cada ciudadano que haga una petición para acabar la justicia activista y rifa un millones de dólares, entregó dos en Wisconsin, entre los que firmen esa petición. Los demócratas que se quejan no están atrás y con financiación de Soros y otros grandes donantes demócratas equilibraron las cargas.
Lo cierto es que el candidato republicano iba 13 puntos atrás y ahora están casi empatados, el resultado se debe saber cuando esta columna salga publicada, pero la discusión de fondo es ¿porqué hay jueces republicanos y demócratas y no solo jueces? El activismo judicial, sin duda, ha sido una de las principales causas. Y la consecuencia de Wisconsin es que hoy la elección de jueces pasa a ser parte del debate político y no judicial. La independencia judicial en Estados Unidos va camino a la tumba.

En México si que van a acabar con la independencia judicial. El anterior presidente, AMLO, trató de imponer sus reformas pero la Corte Suprema tumbó algunas de ellas. Su pelea contra la Presidenta de la Corte, Norma Piña, fue brutal y como no pudo impuso en el Congreso una reforma constitucional para la elección de todos los jueces.
Hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, va a ejecutar la muerte de la independencia de la justicia y del estado de derecho en su país pues en la elección de jueces van a ganar los narcos y los políticos corruptos. Como bien me dijo hace unos días un empresario mexicano “de ahora en adelante el estado de derecho se va a inclinar al que más plata ponga sobre la mesa”.
Hay muchos otros casos en la región. Néstor Kirchner logró una reforma donde impuso jueces amigos y afines en la Corte Suprema de Justicia pero cuando su esposa Cristina quiso hacer lo mismo la mismas justicia la frenó. No todo está perdido. En El Salvador Nayib Bukele destituyó jueces de la Corte Suprema y nombró amigos que le facilitaron una reelección que estaba prohibida. En Bolivia pasó lo mismo con Evo Morales. La Corte le aprobó presentarse a una elección presidencial a pesar de haber perdido un referendo en ese sentido. Ni hablar de Venezuela donde Hugo Chávez acabó con la independencia del poder Judicial. Este poder hoy solo cumple las ordenes del dictador de turno.

Colombia no se queda atrás. Desde un presidente, Gustavo Petro, que le dice al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien es negro, que no entiende como “un magistrado negro puede ser conservador”, hasta el cartel de la Toga donde magistrados de la Corte Suprema se vendían al mejor postor. Hay dos magistrados condenados, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, y hay un tercero que está protegido por Canadá, increíblemente. Se fugó y allá le dieron asilo, que vergüenza.
Sin embargo ahí no para la cosa. El presidente a Juan Manuel Santos compró decisiones favorables con nombramientos de amigos y familiares de los magistrados de las altas cortes. Así logró cambiar la Constitución sin cumplir los requisitos, la Corte Constitucional se lo aprobó, y peor aún logró el silencio cómplice de las Cortes cuando perdió el plebiscito. Las Cortes y en especial la Corte Constitucional aceptó el golpe de estado de Santos al constituyente primario y por ende a la democracia.
No termina ahí lo que Santos hizo con su manipulación democracia la justicia, esa con minúscula, pues utilizó a su ‘amigos’ en la Corte Suprema para perseguir a sus enemigos políticos entre ellos al ex Presidente Álvaro Uribe y para absolver sin investigar a todos los que participaron en el escándalo de Odebrecth donde estaban involucrados los máximos funcionarios del gobierno incluyendo al jefe de estado de entonces.
La Justicia hoy es la joya de la corona que todos pretenden conquistar. Si bien lo hacen de distintas maneras es posible que estemos viendo el fin de la democracia pues sin Justicia imparcial esta se acaba. Ojalá este equivocado.